(Este artículo esta basado en el Informe elaborado por el mismo autor, en el año 1998, patrocinado por la Organización Mapuche Meli Wixan Mapu y presentado a los Tribunales de Gran Bretaña vía Embajada en Chile, en el marco de la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres).
Derechos Humanos y Pueblo Mapuche: Crónica de un Genocidio Silencioso.
Autor: Alihuen Antileo Navarrete, Licenciado en Ciencias Jurídicas, Coordinador Área Pueblos Originarios, Instituto de DD.HH, Memoria y Ciudadanía, UARCIS En libro: Los Derechos Humanos Cercenados. Olvidos y actualidades en la historia reciente de Chile. Mario Cortéz / Jorge Benítez, Editores.
(Este artículo esta basado en el Informe elaborado por el mismo autor, en el año 1998, patrocinado por la Organización Mapuche Meli Wixan Mapu y presentado a los Tribunales de Gran Bretaña vía Embajada en Chile, en el marco de la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres).
En los últimos años, diversos han sido los actores sociales en Chile que han irrumpido en la escena política, primero reivindicando y presentando sus legítimas demandas a las autoridades correspondientes y cuando, como es habitual, éstas no han sido atendidas, han pasado de la reivindicación a la protesta social, desbordando los estrechos márgenes institucionales y legales.
En el caso de los pueblos originarios y particularmente con el pueblo mapuche, éste ha sido uno de los escenarios principales en el que se ha desarrollado su relación con el Estado.
La criminalización de la protesta mapuche por parte de la institucionalidad y los medios de comunicación de masas ha tenido como consecuencia la instalación de una subjetividad que percibe al movimiento mapuche organizado como un elemento disfuncional a las dinámicas políticas tradicionales.
Ha quedado de manifiesto que el sistema político y electoral basado en un presidencialismo exacerbado y el sistema binominal, constituyen el andamiaje legal que tiene como objetivo principal, preservar lo que la derecha civil denomina la “obra del gobierno militar” y que la mayoría ciudadana considera las medidas arbitrarias impuestas a sangre y fuego por la derecha militar, encabezada por Augusto Pinochet.
El sistema Político no solo excluye a lo que se denomina como minorías, sino que esencialmente, fue diseñado para excluir a aquellos que cuestionan el modelo económico neoliberal, impuesto por la dictadura, permitiendo a los actores funcionales y afines al sistema, ocupar determinados espacios políticos y realizar ciertas reformas que en lo medular ya no atienden, ni a las necesidades ni a la voluntad de la mayoría del país.
Los espacios que fuerzas antisistema ganen en el seno de éste, escapan a los designios de sus fundadores y representan importantes conquistas en aras a conformar una nueva hegemonía de carácter democrático que represente de mejor manera las aspiraciones del conjunto de la sociedad chilena y de los pueblos originarios.
Las crecientes y sostenidas movilizaciones en torno al tema de la educación pública conducidas por diversos actores del mundo de la educación en general y estudiantil en particular, han permitido a millones de chilenos realizar un importante aprendizaje político y social ya que han ido desnudando las causas estructurales que se encuentran, tras la grave crisis de la educación en Chile. Esta dice relación con la búsqueda del lucro en la mayoría de los ámbitos de la educación. Modelo y lógica instalado bajo la dictadura y que a pesar de las tímidas reformas realizadas en este plano por los gobiernos de la concertación aún siguen prevaleciendo.
Este cuestionamiento político a la herencia de la dictadura puede extrapolarse al sistema de salud, de transporte, de las comunicaciones, del sector minero, pesquero y por cierto al tema mapuche.
En definitiva lo que los diversos actores sociales se cuestionan, es un modelo económico y un andamiaje político heredado de la dictadura y que se presenta cada vez más en contradicción irreconciliable con las aspiraciones democráticas de la mayoría, y a favor de una minoría política y económica que se ha lucrado y beneficiado de este sistema.
Cabe recordar que durante los gobiernos de transición encabezados por la Concertación de Partidos por la Democracia, fue el Movimiento Mapuche, quien comenzó tempranamente a movilizarse en torno a sus derechos y demandas no atendidas. Solo en el año 1993 ya había alrededor de 130 dirigentes condenados por los Tribunales de Justicia a requerimiento del Gobierno por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado.
A la fecha no menos de 500 Mapuches han ido a parar a la cárcel enfrentando cargos judiciales, dentro de estos, alrededor de 50 Mapuches han sido inculpados como infractores de la Ley Antiterrorista, figura jurídica que se encuentra entre las más duras del ordenamiento Jurídico Penal chileno e internacional.
A este grave cuadro hay que agregar que las organizaciones y referentes territoriales mapuches denuncian el asesinato de no menos de 6 comuneros y militantes mapuches. En estos casos aparecen los agentes del Estado como responsables de estos crímenes.
En esta lógica de represión a la protesta social y política se tiende a confundir a los verdaderos responsables de esta situación, ya que si bien, la policía militarizada chilena (Carabineros de Chile y sus Fuerzas Especiales) son los que reprimen y ejercen directamente la violencia en contra de comuneros y militantes de la causa mapuche, no es menos cierto que esta institución cumple las órdenes tanto del Ministerio del Interior como de los Tribunales de Justicia.
Existe una intencionalidad de parte de los grupos de poder económico y político, de presentar esta situación como un problema de orden público, y que por lo tanto se puede resolver mediante una acción más eficaz de las policías, o mayor coordinación entre los entes administrativos del Estado, que operan en las regiones en donde se producen mayoritariamente las movilizaciones. De ahí, que hoy se califica este tema político como “el conflicto mapuche” y se endosa la responsabilidad del mismo a ciertos sectores radicalizados, que buscarían llevar adelante supuestos planes de desestabilización de la región. O sea, se crea mediaticamente al enemigo a combatir, se criminaliza su demanda, y luego se reprime a este enemigo, contando con grados aceptables de tolerancia y legitimidad comunicacional y política, para efectuar dicha represión.
Esa lógica ya fue instalada por los Gobiernos de la Concertación y la actual administración encabezada por Piñera, la reproduce con otros actores, sin alterar en su esencia el tipo de relación política que existe, entre los Pueblos Originarios y el Estado de Chile.
De mantenerse este estado de cosas la situación de los mapuches en materia de Derechos Humanos individuales y colectivos debiera tender a empeorar, a lo menos en dos aspectos, que para la cosmovisión mapuche revisten una importancia fundamental
1) La mantención y ampliación de los derechos y espacios territoriales. 2) La revitalización de la cultura y el ejercicio de los derechos educativos y lingüísticos.
Un número creciente de comunidades y referentes territoriales plantean que en la práctica se estaría produciendo una disminución de los espacios territoriales, tanto cuantitativa como cualitativamente, esto por el creciente deterioro en la calidad del suelo, producto del consumo excesivo e indiscriminado de las fuentes de agua utilizadas por el sector forestal.
Igualmente se vislumbra con preocupación la sostenida arremetida de los sectores empresariales, mineros, turísticos y energéticos que buscan apropiarse de tierras y territorios, actualmente en manos de mapuches. Cabe recordar que parte del programa de gobierno en materia indígena de la actual administración de gobierno, planteó dentro de sus objetivos, impulsar un proyecto de ley que tuviera como efecto la posibilidad, que propietarios individuales indígenas pudieran vender sus tierras y de esa manera, a ojos de este gobierno contar con los medios para romper el círculo de la pobreza.
No es difícil imaginar quienes serían los principales interesados en adquirir esas tierras y ofrecer el mejor precio a los mapuches que habitan en zonas rurales y que de acuerdo a cifras del Estado constituyen los sectores más empobrecidos del país.
Si se hace un análisis, caso a caso y particular, de la ocurrencia de graves violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes del estado en contra de personas de origen indígena, de las zonas y causas que los motivan, llegaremos siempre a una conclusión; las causas de las situaciones de conflicto y violencia que las generan dicen relación con la voluntad política de defender y profundizar el modelo económico neoliberal por parte de los diferentes sectores que, defendiendo intereses de una minoría han administrado y continúan administrando este modelo. Esta defensa se hace en desmedro de los intereses de los Pueblos Originarios y sus legítimas demandas.
Vistos desde una perspectiva aislada, regionalmente o sectorialmente, puede generar la impresión que se trata de hechos puntuales, eventualmente de un mal manejo político o incluso de excesos por parte de algunos funcionarios policiales, como han sido considerados los fallos de los Tribunales de Justicia Militar, que han conocido y juzgado los asesinatos a mapuches movilizados y que señalan que son hechos individuales que se enmarcan dentro de la figura de lesiones graves con resultado de muerte, por parte de funcionarios de carabineros en el ejercicio de sus funciones policiales.
Pero si se adopta una mirada más general y sobre todo si se develan los orígenes de estas decisiones, se puede llegar a la conclusión, de que esta situación de graves atropellos de los derechos fundamentales en contra de los mapuches, no solo no son aisladas, ni son excesos por parte de las autoridades de turno; estas son medidas planificadas tendientes a dar resguardo jurídico y policial a los consorcios económicos que operan en territorio mapuche, y que han sostenido su voluntad por continuar y acrecentar sus actividades, basadas principalmente en la extracción de materias primas y sobreexplotación de los recursos naturales con que aún cuentan los pueblos y comunidades originarias.
Para dar una perspectiva histórica a esa mirada corresponde remontarse a lo sucedido durante la dictadura militar y luego analizar los efectos actualmente en curso y que se mantendrán en los próximos años. Esta mirada nos permite ver quienes son los responsables individuales y colectivos, también determinar quienes son los autores, instigadores, cómplices y encubridores de lo que para algunos actores del movimiento mapuche se denomina las consecuencias de la tentativa de cometer el delito Genocidio en contra de la Nación Mapuche.
Tentativa de genocidio post golpe de estado de 1973
Como es de público conocimiento, Augusto Pinochet Ugarte, encabeza el Golpe de Estado, realizado el 11 de Septiembre de 1973, fecha a partir de la cual ejerce poderes absolutos como Jefe de la Junta de Gobierno, compuesto por los cuatro comandantes en jefes de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Dicha Junta contaba con facultades legislativas y constitucionales, ya que ordenó disolver en forma inmediata el Parlamento y encarceló a Diputados y Ministros de un gobierno constitucionalmente elegido, ejerció igualmente las más absolutas facultades administrativas y militares, podemos afirmar que nunca antes tanto poder, en este país, se había concentrado en una sola persona y había sido tan mal y criminalmente utilizado.
Es necesario relatar brevemente, a objeto de ilustrar el contexto en que estos hechos ocurrieron y en el cual la mayoría del movimiento mapuche participó activamente, tanto en las comunidades rurales como en las ciudades.
Con el Golpe de Estado, culminaba de esta manera, violentamente un proceso de restitución de tierras y de reparación histórica para con nuestro pueblo que no registraba precedentes y constituía un gran avance en la relación entre la sociedad chilena y el pueblo mapuche.
Efectivamente en los aproximadamente 1.000 días, que duró el gobierno encabezado por el Doctor Salvador Allende Gossens (1970-1973) se restituyó alrededor de 200.000 hectáreas que se encontraban en manos de grandes latifundistas y que las comunidades mapuche reivindicaban como propias. El traspaso de estas tierras fue realizado al amparo de la Ley de Reforma Agraria, cuerpo legal impulsado bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalvo a fines de los años 60. Estas devoluciones de tierra cuentan, por lo tanto con la debida documentación legal que lo respalda y que se encuentra archivada en el Ministerio de Agricultura.
Este significativo avance fue el fruto de un trabajo incansable de parte de los dirigentes mapuche de ese entonces y de un avance equivalente en el movimiento popular.
De esta manera el Movimiento Popular y Mapuche, sentaba las bases de un nuevo modelo de desarrollo en lo social, económico y político y que se levantaba en abierta e irreconciliable contradicción con los grandes intereses capitalistas y financieros. Es en representación y defensa de estos últimos intereses que Augusto Pinochet planifica y ejecuta el Golpe de Estado.
Sin embargo a diferencia de otras dictaduras, Pinochet y su equipo económico diseñan las bases de refundación de un nuevo Estado Capitalista en Chile, muy distinto a lo que se conocía hasta ahora, y cuyo diseño estratégico contaba con el aval de los Estados Unidos, y otras grandes potencias financieras. Chile es redefinido económicamente en casi todas las áreas y se inicia un proceso de contrarreformas y de involución histórica; una vez más, los territorios en manos de mapuches representan para los sectores oligárquicos y financieros una gran posibilidad de realizar negocios, que le procuren enormes ganancias.
Es así como los recursos hídricos provenientes de los ríos cordilleranos, se transforman en un lucrativo negocio que junto con privatizar las empresas generadoras de energía, se diseñan proyectos estratégicos para transformar a este sector en uno de los pilares del nuevo modelo económico.
Los espacios territoriales que sustentan hoy la industria maderera y forestal, pasan a constituirse en el principal botín de guerra de los sectores oligárquicos, que proyectaron colocar a este sector en uno de los mayores productores de celulosa en el mundo; actualmente sus empresas y producción globales los sitúan, en el quinto lugar a nivel mundial, en circunstancia que al momento del Golpe de Estado se situaba en el lugar número cuarenta.
Cabe señalar que esta decisión en el ámbito forestal no proviene en forma exclusiva de las empresas e intereses chilenos, si no también, de consorcios extranjeros, principalmente asiáticos y neozelandeses ya que no pudieron implementarlo en dicho país, que contando con una similar posición geográfica y climática, se enfrentaron a dos grandes barreras, a saber:
1. Una fuerte legislación de protección de las minorías, que impedía la forestación cercana a zonas habitadas por indígenas neozelandeses y que restituía cientos de miles de hectáreas a sus comunidades, quedando bajo control y administración de las mismas.
2. Existencia de un régimen democrático que garantizaba las libertades individuales y políticas y el respeto a los derechos humanos.
Es debido a la carencia de espacios territoriales adecuados en otros países que se escoge a Chile y al territorio mapuche, como principal base de operaciones para la mayor inversión forestal en el mundo, producida en los últimos treinta años, y que equivale a una superficie total en la actualidad de dos millones de hectáreas plantadas.
En un tercer plano, se sitúa la inversión en la industria turística y que hacen al territorio mapuche apetecido por sus bellezas naturales, especialmente en las riberas de los lagos y montañas.
En un cuarto lugar, se determinan los recursos hídricos como un objetivo geopolítico y económico a alcanzar y dejar bajo control y propiedad de los grandes consorcios financieros.
En lo que respecta al mar, se establecen medidas legislativas tendientes a; por una parte, ampliar los espacios de captura de la gran industria pesquera, tanto nacional como extranjera, principalmente asiática y luego se modifican las leyes y reglamentos para posibilitar la pesca de arrastre.
Esta doble estrategia en lo que respecta a las comunidades e identidades Lafkenche, o sea ribereñas al borde costero, tanto de la octava, novena y décima regiones del país, con un borde costero de alrededor de 700 km. de largo, fue devastador. Dada la condición de pescadores artesanales de los mapuche-lafkenches, vieron disminuir drásticamente su sustento principal debido a la sobreexplotación de los recursos marítimos por parte de la gran industria pesquera.
No existiendo planes reales de compensación o de reinserción económica y social, muchos mapuches debieron una vez más, emprender un proceso de migración forzada a las ciudades en condiciones de indigencia y pobreza. Para aquellos que se quedaron en sus comunidades tradicionales su suerte no fue mejor y todavía se debaten en la pobreza. Una de las consecuencias directas de esta situación, es que la dieta alimenticia de la población Mapuche de los sectores ribereños al mar se vio drásticamente afectada, disminuyendo el consumo de calorías y proteínas a niveles graves. El aumento de la mortalidad, principalmente en el segmento de población del adulto mayor se vio acrecentado.
Respecto de las aguas dulce ya sea de ríos o napas subterráneas, la dictadura dispuso la privatización acelerada de las mismas mediante la dictación de un nuevo código de aguas que vino en la practica a entregar en un 95% este vital elemento para la población a manos de privados: mediante la adquisición de los derechos de aguas. Cientos de particulares y empresas mineras adquirieron dichos derechos, actualmente y debido a la importante cantidad de agua que emplean los procesos de extracción y producción en la industria minera, existen graves situaciones para la población indígena y mapuche que vive o dependen de este recurso, ya que han visto disminuir drásticamente este vital elemento y por lo tanto no pueden emplearlo para fines de uso doméstico, o bien para sus tradicionales actividades de agricultura y ganadería.
Igualmente la utilización de grandes cantidades de productos químicos hacen que los cursos de agua se vean constantemente contaminados, corriendo serios riesgos ya no solo la vida humana, sino todos los ecosistemas que se mantenían o dependían de las aguas dulce de ríos y napas subterráneas.
Cabe mencionar que la proliferación de la industria de la piscicultura, principalmente de la industria del salmón en el mediano y largo plazo trajo consigo severos daños a los modos tradicionales de vida de las comunidades mapuche ribereñas a los lagos, en donde se desarrolla y sitúa dicha industria, esto debido a que las aguas fueron contaminadas, tanto por los productos químicos empleados en dicha industria, como también por la importación de ciertas enfermedades y epidemias asociadas a la especie salmón y que junto con atacar afectar a esa industria, vino a repercutir gravemente en las otras variedades de peces autóctonos cuyos organismos no estaban preparados para esas plagas y que no pudieron resistir a su contacto y contagio. Este verdadero desastre ecológico afectó igualmente a las poblaciones mapuches con similares consecuencias a las poblaciones que se situaban al borde del mar.
El Estado de Chile, al tomar estas medidas legislativas y económicas, sabía perfectamente cuales iban a ser los efectos, en un mediano y largo plazo, para los mapuches que se verían afectados por ellas. La apropiación del territorio Mapuche que también contempla los recursos hídricos; tanto marítimos como de ríos y napas subterráneas eran y aún son para el modelo económico un objetivo estratégico. Cuando estos territorios ya no cuenten con más recursos que extraer producto de su sobreexplotación o contaminación, los grandes consorcios económicos, emprenderán seguramente su retirada a otras zonas, sin embargo la población mapuche, que como se ha explicado, se vera afectada de múltiples maneras, vera peligrar su sobrevivencia tanto física como culturalmente.
Es así que una vez definidos los objetivos económicos, estratégicos, Augusto Pinochet y la dictadura que él encabeza, compromete todos los recursos humanos y militares de que dispone el Estado para garantizar dicho proceso de refundación capitalista , que tuvo su sustento material y físico en el territorio mapuche y como correlato a ese proceso que solo podía instaurarse mediante el uso de la fuerza, en un régimen que suprimió todas las libertades y conquistas sociales y políticas, se cometen graves, sistemáticas y permanentes violaciones a los derechos humanos tanto colectivos como individuales del pueblo mapuche.
La estrategia diseñada para suprimir cualquier tipo de resistencia mapuche a estos objetivos impuestos a sangre y fuego tras el golpe militar de 1973 contó con tres líneas de acción.
1. El extermino físico de sus dirigentes. 2. Concitar mediante el terror, el sometimiento del resto del movimiento. 3. Quebrar el sistema y tejido social comunitario, desintegrando las comunidades y destruyendo de esta manera la cosmovisión mapuche.
Acorde a estos objetivos particulares se inicia por lo tanto la puesta en marcha de un plan destinado a cumplir fría y premeditadamente la tentativa de GENOCIDIO de la NACION MAPUCHE como una garantía a largo plazo que posibilitara apropiarse de los recursos naturales que aún se encontraban bajo su posesión y dominio.
Por lo tanto cuando hablamos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, no se trata de excesos o violencia innecesaria con resultado de muerte, ni mucho menos de simples asesinatos que obedecerían a impulsos individuales, sino de la maquinación a gran escala con todos los recursos, políticos, legislativos, económicos, militares y comunicacionales de que dispone un Estado, a fin de exterminar a un pueblo originario.
Cabe hacer presente que la Nación Mapuche ya había sido objeto de intentos de esta naturaleza tanto en el período de la conquista como en el denominado por el Estado de Chile como “Pacificación de la Araucanía” en el año 1881 siendo éste su último precedente. Las crónicas contemporáneas a dicha época señalan que luego de ese intento de genocidio la población total mapuche en el país quedo reducida a 100.000 personas.
Este intento de exterminio tuvo una coordinación y versión local, del otro lado de la frontera ya que Argentina y Chile realizaron simultáneamente dicho intento de genocidio; del otro lado de Los Andes esa campaña se denominó “la campaña del desierto”.
Resulta pertinente tener a la vista ciertos aspectos de la legislación internacional respecto al delito de Genocidio, a objeto de respaldar las afirmaciones antes enunciadas.
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Asamblea General ONU., resolución 260 a, entrada en vigencia 12 de enero 1951.
Artículo II
En la presente convención, se entiende por Genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo. b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Como lo señalábamos anteriormente respecto del Golpe de Estado, Augusto Pinochet fungiendo como dictador absoluto participa de la elaboración de estos planes y los pone en marcha.
Objetivo Nº 1: Exterminio físico de sus dirigentes:
Respecto de este objetivo podemos señalar que el Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación creada por el ex Presidente Patricio Aylwin, establece 122 casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos mapuche, ya que en estos casos existió plena convicción, y de acuerdo a los antecedentes aportados por los familiares de las víctimas, así como de las diligencias efectuadas por esta comisión y que establecen sin lugar a equivoco, que en estos casos actuaron agentes del Estado en cumplimiento de ordenes impartidas, por quienes tenían en ese entonces las facultades políticas y militares plenipotenciarias. Cabe señalar que Augusto Pinochet era el superior jerárquico de todas las autoridades civiles y militares durante ese período.
Sin embargo, es posible considerar que esta cifra es muy inferior a lo que realmente aconteció en la realidad, en las zonas rurales más apartadas, en donde se asentaban mayoritariamente las comunidades mapuche, ya que debido al aislamiento en que se encuentran y la nula presencia de organismos públicos, partidos políticos u organismos de derechos humanos, muchas veces los familiares ni siquiera se presentaron a declarar ante la comisión creada 20 años después de acontecidos estos hechos.
La desconfianza hacia la institucionalidad chilena y el desprecio con que la sociedad chilena trata a los mapuche, también conspiró para la recopilación exacta del número de ejecutados y detenidos desaparecidos; sin embargo los organismos de derechos humanos que comenzaron a trabajar en este ámbito, inmediatamente después del Golpe de Estado y luego de iniciada la transición a la democracia dentro de los cuales destacan el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Temuco (CINPRODH); la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de la IX Región (AFDD) y el Programa de Reparación y Asistencia Integral en Salud (PRAIS) para las víctimas de la represión y sus familiares, evalúan el número de víctimas fatales y detenidos desaparecidos en alrededor de 300 personas.
A este respecto parece pertinente señalar que en el Informe del Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco , respecto de los efectos psicosociales e interpretación sociocultural de la política de Detenidos Desaparecidos en familias mapuche, citando a los investigadores Morales y Liempi se señala que:
“la dureza extrema con que se trato a los mapuche y a sus familias y la grave dificultad que ha significado para estos en las zonas más rurales, tener que convivir en la misma localidad, a veces hasta el presente con los agentes que causaron la muerte de sus seres queridos. El miedo, la pobreza y la desesperación llevaron a que solamente un pequeño porcentaje de estas familias practicara en su oportunidad, diligencias ante los Tribunales de Justicia o hiciera denuncias ante organizaciones de Derechos Humanos”.
Junto con eliminar a aquellos Mapuche con mayor capacidad de liderazgo social y político en el caso de los Detenidos Desaparecidos también se persiguió mediante tácticas de guerra psicológica, objetivos secundarios a saber:
1. No dejar evidencias públicas del terror, no dejando testimonios que la historia y las generaciones posteriores pudieran utilizar. 2. Evitar que los muertos se conviertan en símbolos. 3. Evitar los funerales que podrían constituirse en actos de toma de conciencia social, de repulsa o de resistencia activa.
Hay que señalar que no todos los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos eran dirigentes o estaban directamente vinculados al Movimiento Mapuche. Se constata por ejemplo la ejecución de niños, ancianos y miembros de comunidades sin relación aparente con movimientos políticos pero enmarcados en un contexto de violencia política y que se explica por la intención de alcanzar el segundo objetivo político de la Junta Militar, encabezada por Pinochet:
Objetivo Nº 2: Concitar mediante el terror, el sometimiento del resto del movimiento mapuche.
En efecto fueron miles los mapuche torturados, deportados, exiliados, exonerados de sus puestos de trabajo y la mayoría de los que vivían en predios que había sido devueltos durante el procesos de Reforma Agraria a asentamientos y comunidades mapuches, simplemente lanzados a los caminos públicos mediante la fuerza de las armas, como mecanismo de escarmiento en la población mapuche a objeto de inhibir cualquier atisbo de organización y resistencia.
Fueron miles de mapuches los que debieron, una vez expulsados de las tierras que les habían sido devueltas bajo la administración del Presidente Salvador Allende, quienes debieron trasladarse forzadamente a distintos puntos de las regiones aledañas a esos predios y otros simplemente se vieron obligados a iniciar un proceso de migración interna forzada a las ciudades, pasando a engrosar los bolsones de pobreza en los barrios periféricos de dichas ciudades.
La dictadura militar estaba plenamente consciente, de que esos serían los efectos de su política de expulsión de los asentamientos, por la vía de la fuerza de las armas, de cientos de familias, que habían participado legalmente y cumpliendo todos los requisitos, del proceso de Reforma Agraria, durante los años 1970 a 1973. Este clima de permanente atropello, abuso y arbitrariedad, se prolongó durante los 17 años que duro la dictadura encabezada por Pinochet, pero fue en los primeros años posteriores al año 1973 que esta estrategia planificada de amedrentamiento y terror masivo, se desarrollaron con mayor extensión y violencia.
Los familiares de las víctimas directas de la represión eran también objeto de las mismas, constituyéndose en un ejemplo vivo, para los demás mapuche que no era posible contrarrestar el poder de las armas.
Al respecto entregamos tres testimonios personales recogidos por estudiantes de antropología de la Universidad Católica de Temuco, en el marco de la investigación ya individualizada con anterioridad.
Testimonio 1º “a él lo torturaron brutalmente, le reventaron sus genitales. Lo vi muy maltrecho. Cuando ya ni se podía tener en pie, le aplicaron la Ley de Fugas y le pegaron un tiro por detrás. Pero el recuerdo que siempre me ha perseguido, es cuando fui al Regimiento a reclamar el cadáver. Un grupo de uniformados me rodearon. Se reían de mí. Me decían si acaso era comunista, que acaso llevaba armas escondidas, que probablemente iba a tener un atentado, entonces empezaron a agarrarme los senos brutalmente “por si eran falsos” y a tocarme abajo “por si llevaba algo escondido”. Uno de ellos un sádico, me metió la mano entera, brutalmente en mi interior, cada vez que me acuerdo, me enfermo. Durante todos estos años y aún ahora me desvelo en las noche y no puedo dormir pensando en ese momento, en el asco, en el dolor, la humillación”.
Testimonio 2º “de esa época, tengo más imágenes grabadas que nunca se me olvidarán. Vi matar mucha gente más. Desde la ventana de mi casa se veía perfectamente cuando le tiraban a la gente a las piernas y se reían de ellos. Tenían mucha gente botada en la calle, con las manos en la cabeza, se ponían a beber y a fumar frente a mi casa y se reían. Odio a esa gente, esas imágenes me persiguen”.
Testimonio 3º “los carabineros me llevaron al regimiento, en Lautaro. Me golpeaban. Me botaron al suelo y me colocaron una llanta de auto encima del pecho y pasaban por encima de mí. Saltaban encima de la llanta…. Me quebraron el hombro, los brazos, el pecho…Cuando vieron que no sabía nada, me echaron. Nunca me recuperé de esa noche. Cuando me vienen a la mente los carabineros saltando sobre la llanta me quedo mudo, no puedo hablar”.
De estos relatos se desprende claramente la intención de provocar un miedo y terror colectivo, por al menos algunos años, evitando de esta manera, la recomposición del movimiento mapuche, y por implementar sin contrapeso sus objetivos económicos de apropiarse de territorio mapuche.
Objetivo Nº 3: Destruir el tejido social y la identidad mapuche, tanto en el plano cultural como territorial y demográfico.
Para estos efectos, era necesario darle un carácter de legitimidad legal a este proceso, que en el caso mapuche, se inicia con un acelerado proceso de contrarreforma agraria. Sin embargo los predios no eran suficientes, dada la magnitud de los planes estratégicos diseñados para transformar a las empresas que iban a operar en Chile, en las principales productoras y exportadoras a nivel mundial y por eso la Junta Militar dicta dos leyes tendientes a dividir y parcelar la propiedad comunitaria mapuche que había quedado al término del proceso de contrarreforma agraria. Estos cuerpos legales son los Decretos Leyes 2568 y 2570 que llevan la impronta del General Augusto Pinochet Ugarte, en su calidad de legislador y constituyente plenipotenciario, ya que en ese entonces, la Junta Militar que él presidía contaba con dichas atribuciones.
Estos cuerpos legales fraccionaron una cantidad importante de tierras mapuche y ante el deterioro económico, la miseria extrema, y el avance de hecho de las grandes compañías madereras energéticas y turísticas que no escatimaban medios lícitos e ilícitos, para adquirir territorio mapuche, cientos de comunidades vendieron sus tierras al mejor postor e iniciaron un acelerado proceso de inmigración forzada hacia las ciudades, dejando una escasa población mapuche en las comunidades, sobre todo de población joven, lo que facilitó la arremetida de estas compañías; en la practica casi no hubo resistencia organizada en los primeros años de la dictadura y el proceso de apropiación de territorio mapuche se desarrollo sin contrapesos.
Habiendo conseguido en una primera fase, contar con territorios aptos y disponibles para la industria forestal, la dictadura se aboca a proveer, a particulares y consorcios privados, los recursos financieros para impulsar las inversiones necesarias al rubro forestal, Estos recursos provendrían del Estado mediante una política de subsidio a las plantaciones forestales. Para estos efectos la Junta Militar dictó el decreto Nº 701 que viene a financiar la casi totalidad de las nacientes y florecientes compañías forestales.
La derecha económica y civil, veía de esta manera cumplida, una de las metas que se habían propuesto al instigar, apoyar y defender el golpe de Estado en contra de un gobierno legalmente constituido.
La violación masiva y grave de los derechos fundamentales del pueblo mapuche era vista por estos sectores como parte de los costos de inversión y producción de esta floreciente actividad económica. Es así como se traspasa alrededor de dos millones de hectáreas a estos consorcios madereros, hidroeléctricos y turísticos. De esta manera comienzan a operar en territorio mapuche entre otros, los consorcios financieros:
a) Grupo Matte Larraín, asociado a intereses norteamericanos y que controla la Forestal Mininco. b) Grupo SHELL, asociado a la compañía manufacturera de papeles y cartones, Bosques Chiloé, Copihue, Forestal Colcura, Forestal Santa Fé. c) Grupo Mitsubishi, Planta Astillas ASTEC, controla la Forestal Tierra Chilena. d) Grupo AMINDUS, de origen Suizo, controla Forestal Millalemu, aserraderos Andino, Terranova. e) Forestal Arauco S.A., vinculada a Angelini. f) ENDESA, actualmente operan en ella capitales españoles e italianos.
Estas grandes compañías en la práctica han cercado y continúan aún hoy asfixiando a las Comunidades Mapuche, ya que las grandes plantaciones de Pinos y Eucaliptos, provocan un daño inconmensurable a las formas tradicionales de vida del pueblo mapuche.
Cabe tener presente que un Pino o un Eucalipto maduro en etapa de cosecha (entre 15 y 20 años) consume alrededor de 90 litros de agua al día, lo que proyectado a una superficie de dos millones de hectáreas de plantaciones, de estas especies, colindantes la mayoría con comunidades mapuche, ha tenido consecuencias devastadoras, debido a que secan las napas subterráneas que nutrían de agua a las comunidades, con la consiguiente aparición de enfermedades, mortandad de aves y animales, sequías prolongadas debido a la modificación del clima, sin contar con los efectos de los pesticidas y otros elementos químicos para el tratamiento de estas actividades económicas.
Actualmente las empresas hidroeléctricas amenazan con inundar extensos sectores habitados por Comunidades Mapuche - Pehuenche, especialmente en la octava, décima y novena regiones del país.
Ante este cuadro desolador alrededor del 40% de la población mapuche debió emigrar a las grandes ciudades y engrosó los bolsones de pobreza y marginalidad de las mismas.
Con el conjunto de medidas adoptadas por la Junta Militar encabezada por Pinochet, se logró en un período de 10 años exterminar físicamente a una parte de la población Mapuche, provocar mediante el terror la sumisión a un modelo político y económico diferente a las costumbres tradicionales de los mapuche y posteriormente mediante el proceso de migración forzada, quebrar las relaciones sociales y culturales y religiosas de su cultura. A modo de graficar uno de los efectos que este período tuvo sobre la población, podemos señalar que:
En el plano de la reproducción societal, la tasa de crecimiento natural para la población mapuche rural (13 por mil) es inferior a la tasa de crecimiento de toda la IX Región (21 por mil). Esta baja tasa de reproducción societal se debería a la alta tasa de mortalidad en la población mapuche, al descenso de la fecundidad y al efecto indirecto de la migración. A esto hay que agregar que la esperanza de vida para los chilenos es de 70 años y para los mapuches es de 64 años.
A todo lo anterior hay que agregar un aspecto no menos importante y que dice relación con la perdida de un invaluable patrimonio cultural, que se perdió producto de la desintegración de una parte importante del tejido social y del desplazamiento forzado de miles de mapuches a las grandes ciudades; la involución y perdida de los relatos de la historia local de cada comunidad, la práctica de ceremonias religiosas, la transmisión y práctica del idioma Mapuzugun, las ricas expresiones musicales y artísticas, los lazos sociales y en general el deterioro y perdida casi irreversible de una cosmovisión mapuche estructurada y sostenida en base a una relación entre el ser humano y la naturaleza, existente principalmente en las comunidades rurales mapuche, han hecho que estos graves efectos pasen a constituirse en un verdadero genocidio cultural de la nación Mapuche, principal pueblo originario de Chile.
En dicho período un solo hombre detentó el poder absoluto en Chile, Augusto Pinochet. El nuevo modelo económico por él instaurado y que era la razón última de la existencia de la dictadura militar, requería de los recursos naturales existentes en nuestro país y que se encontraban en manos del pueblo mapuche; de esta manera en forma consciente, planificada, mediante planes y programas y la adopción de medidas económicas, legislativas, administrativas, comunicacionales, militares y políticas, la junta militar encabezada por Augusto Pinochet, puso en marcha la tentativa de genocidio en contra del pueblo Mapuche. Se trata de una Política de Estado que tiene por objetivo implementar y garantizar las grandes inversiones capitalistas en territorio Mapuche.
La medidas adoptadas por esta dictadura mantienen sus efectos aún hoy, ya que no se han restituido las tierras que fueron usurpadas bajo un régimen de excepción y antidemocrático, y lo que es peor aún, todas las compañías energéticas, turísticas, mineras y forestales, como consta en sus declaraciones e informes públicos, en los próximos años han decidido aumentar sus inversiones en territorio colindante con Comunidades Mapuche.
Cabe preguntarse; si hoy estos graves crímenes de lesa humanidad son susceptibles de ser investigados y perseguir las responsabilidades individuales y colectivas de sus autores cómplices y encubridores.
Al parecer la Doctrina Jurídica al igual que la Legislación Internacional, sobre esta materia piensa que si es posible. Para el autor “Miaja de la Muela” el delito de Genocidio presenta las siguientes características:
a) Es un delito internacional de la mayor gravedad, ya que viola textos internacionales que protegen a la persona humana. b) Es un delito común y por lo tanto a su autor se le puede extraditar. c) Es un delito internacional d) Es un delito individual
La Asamblea General de la ONU., en 1968 aprobó una Convención que sanciona los crímenes contra la humanidad, declarando que es irrelevante para el orden internacional que exista una legislación nacional en sentido contrario o que no contemple los delitos contra la humanidad.
Igualmente en 1968 la ONU., suscribe la Convención que establece la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad definidos en el Estatuto de Nurenberg, aspectos relacionados con la Resolución Nº 3.074 (XXVIII) del 3 de Diciembre de 1973, sobre Cooperación Internacional para descubrimiento, arresto y castigo de individuos culpables de crímenes contra la humanidad.
En este cuerpo legal, se establecen 9 principios y en el cual el Nº 8 señala:
“Los Estados no tomarán ninguna medida legislativa, o de otra índole, que pudieran ser perjudiciales para las obligaciones internacionales que han asumido en relación con la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad”.
Los más de 400 presos políticos Mapuches que han pasado por las cárceles chilenas en los últimos años y los miles que han visto afectados gravemente sus derechos humanos, han tenido como común denominador el participar de la protesta social mapuche, reivindicando derechos territoriales, políticos y culturales.
Como ha quedado demostrado las causas estructurales de la violencia en contra del pueblo mapuche siguen vigentes y mientras no se adopten las medidas territoriales, legislativas, económicas educativas y culturales que le den una salida política a esta crítica situación, independientemente del gobierno de turno, se seguirán violando en forma grave y permanente sus derechos humanos tanto individuales como colectivos.
Anexo:
Víctimas Mapuche de la Dictadura encabezada por A. Pinochet Ugarte: Nómina de Ejecutados Políticos (fusilados) de la Nación Mapuche (Investigadores: Janela García, Mónica Pilquil, Néstor Catilao)
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Fecha de Ejecución
AYANAO MONTOYA MOISES 21.10.73 AYLLAÑIR HUENCHUAL CARLOS 10.11.73 ANCACURA MANQUIAN CARDENIO 16.10.73 ANTILAF EPULEF MIGUEL A. 06.03.87 ANTIMAN NAHUELQUIN RUBEN A. 08.02.86 ACQUEVEQUE ANTILEO IVAN M. 02.07.86 ARGEL MARILICAN JOSÉ R. 17.10.73 BUSTAMANTE LLANCAMIL MARÍA ESTER 02.10.73 CALFUQUIR HENRIQUEZ PATRICIO A. 20.09.81 CANTUPIL MILLANAO VÍCTOR M. 13.12.85 CARILAF HUENCHUPAN GREGORIA 17.11.73 CAYUAN CANIUQUEO MAURICIO S. 02.10.73 CAYUNAO VILLALOBOS JOSÉ E. 12.11.87 COLLAO SARPI CARLOS E. 10.11.85 COLLIO NAÍN HERIBERTO 08.10.73 CHEUQUELAO MILLANAO MANUEL 21.11.84 FLORES ANTIVILO SEGUNDO 19.10.73 GONZALEZ CALFULEF TEOFILO Z. 16.10.73 HUALQUI BARRÍA ROBERTO E. .10.73 HUENUCOL ANTIL MAURICIO .09.73 INOSTROZA ÑANCO JOSÉ V. 25.10.73 LEVIO LLAUPE ANDRÉS 02.10.73 LEPIN ANTILAF SEGUNDO 08.10.73 LLEUCUN LLEUCUN JUAN 10.10.73 MANSILLA COÑOECAR CARLOS M. 18.10.73 MARIQUEO MARTINEZ PEDRO A. 01.05.84 MELIPILLAN AROS JORGE 17.10.73 MILLAHUINCA ARAYA FRANCISCO S. 13.09.73 MUÑOZ HUENCHUÑIR GUILLERMO I. 31.08.86 NAHUEL GONZALEZ JOAN P. 04.08.86 NAHUEL HUAIQUIL JUAN S. 08.10.73 NAHUELCOY CHIMEYCURA BERNARDO .10.73 ÑANCUMAN MALDONADO JOSÉ A. 17.10.73 ÑIRIPIL PAILLAO JULIO A. 08.10.73 PAILLACHEO CATALAN TEOVALDO 09.10.73 POLDEN PEHUEN MERCEDES L. 05.05.79 PORMA CHEUQUECOY FRANCISCO P. 25.10.73 TRALCAL HUENCHUMAN JUAN S. 10.09.75 TRAMOLAO PASTENE RAMON 23.02.74 TRECANAO MORA LUIS A. 19.09.73 YAÑEZ CALFUPAN SOFÍA N- 22.11.88
Lista de Detenidos Desaparecidos de la Nación Mapuche durante la Dictadura encabezada por A. Pinochet.
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Fecha de Ejecución CALFUQUIR VILLALON L. CAUPOLICAN 18.09.73 CATALAN LINCOLEO SAMUEL ALFONS 27.06.74 CURIHUAL PAILLAN PEDRO 15.09.73 HUAIQUIÑIR BENAVIDEZ JOEL 27.07.74 PAILLALEF PAILLALEF JUAN JOSÉ 31.07.77 NEICUL PAICIL JOSÉ LIGORIO 16.09.73 PANGUINAMUN AILEF JOSÉ ROSARIO 09.10.73 VIDAL PANQUILEF JOSÉ MATEO 19.09.73 CATRIEL CATRILEO REYNALDO 09.11.73 ÑANCUFIL REUQUE JUAN HÉCTOR 21.09.73 CURIÑIR LINCOLEO NELSON V. 13.10.73 AILLAÑIR HUENCHUAL CARLOS 06.11.73 ANCAO PAINE ALEJANDRO 26.09.73 ANINAO MORALES ANTONIO 24.09.73 CATALAN LINCOLEO SAMUEL 27.08.74 CATALAN PAILLAL MANUEL ELIAS 13.09.73 AROS HUICHACAN SERGIO 18.09.73 HUENTEQUEO ALMONACID REINALDO 06.08.73 HUENUMAN HUENUMAN RICARDO 18.09.73 CHAVEZ ALONCO FERNANDO 08.09.75 MAHUIDA ESQUIVEL LUIS OMAR 20.11.74 ANCACURA MANQUIAN CARDIO 16.11.73 BARRIGA NAHUELHUAL ALEJO 17.10.73 BELTRAN CURICHE JOSÉ C. 02.12.74 BELTRAN MELIQUEO JOSÈ IGNACIO 15.10.73 CALFIL HUICHAMAN LORENZO M. 10.10.73 TORRES ANTINAO OMAR 25.12.73 COLPIHUEQUE LICAN ELEUTERIO R. 15.10.73 COLPIHUEQUE NAVARRETE ALBERTO 15.10.73 CAYUMAN CAYUMAN CARLOS 10.10.73 CURIÑANCO REYES MAURICIO S. 10.10.73 GONZALEZ CALFULEN TEOFILO Z. 16.10.73 HUAQUIL CALVIQUEO GERVASIO H. 26.10.75 HUAQUI BARRÍA ROBERTO 20.09.73 HUENUL HUAIQUIL DOMINGO 15.06.74 HUERAVILO SAAVEDRA OSCAR L. 19.05.77 HUILCHALLAN LLANQUILEN SAMUEL 11.06.74 LIZAMA CARIQUEO MANUEL 08.11.73 LONCOPAN CANIUQUEO MARIANO 15.10.73 LLABULEN PILQUINAO JOSÉ D. 11.10.73 LLANCA ITURRA MONICA CH. 06.09.74 LLANCA RODAS JUAN M. 17.09.74 LLANCALEO CALFUQUEN LEANDRO .12.74 LLANQUILEF VELASQUEZ NELSON N. 08.10.73 LLAULEN ANTILAO JOSÉ J. 11.06.74 MELIQUEN AGUILERA JOSÉ 04.10.73 MILLALEN HUENCHUÑIR PEDRO 29.09.73 MILLANAO CANIUHUAN JAIME P. 23.09.73 PAILLALEF PAILLALEF JUAN J. 31.07.77 PAILLAMILLA TREULEN SERGIO L. 10.10.73 PAINE LIPIN JULIO M. 16.10.73 QUINCHAVIL SUAREZ LUIS 19.02.81 RAMOS HUINA GERARDO A. 14.10.73 RAMOS HUINA JOSÉ M. 14.10.73 REINANTE RAIPAN ERNESTO 10.10.73 REINANTE RAIPAN MODESTO J. 10.10.73 RIVERA CATRICHEO LUIS A. 10.10.73 RUBIO LLANCAO JULIO A. 12.09.73 RUBIO LLANCAO JUAN DE D. 12.09.73 TRANCANAO PINCHEIRA ALEJANDRO A. 10.10.73 TRANCANAO PINCHEIRA ELISEO M. 10.10.73 TRANCANAO PINCHEIRA JOSÉ M. 10.10.73 VIDAL PANGUILEF JOSÉ M. 17.19.73 YAUFULEM MAÑIL ANTONIO C. 11.06.74 YAUFULEM MAÑIL MIGUEL E. 11.06.74 YAUFULEM MAÑIL OSCAR R. 11.06.74 TRALCAL HUENCHUMAN JUAN S. 10.09.75 ÑIRIPIL PAILLAO JULIO A. 08.10.73 NAHUELCOI CHIHUAICURA BERNARDO .10.73 ÑANCO JOSÉ MATIAS 31.10.73 LLANCALEO MILLAN SEGUNDO E. 05.04.75 LLANQUIEN VÍCTOR 08.10.73 LEVÍO LLAUPE ANDRÉS 02.10.73 LEPIN ANTILAF SEGUNDO 08.10.73 INOSTROZA ÑANCO JOSÉ V. 21.10.73 HUENUCOI ANTIL MAURICIO .09.73 CURAMIL CASTILLO FRANCISCO S. .09.73 COLLIO NAÍN HERIBERTO 08.10.73 CHEUQUEPAN LEVIMILLA JUAN E. 11.06.74
