Recurso de Amparo por Vanessa Queipul / Comunidad de Temucuicui,
Departamento de Derechos Humanos
AMPARO del artículo 95 del código procesal penal
s. j. de garantía de collipulli
Rubén Jerez Atenas, abogado, del Departamento de Derechos Humanos, de la Central Unitaria de Trabajadores, con domicilio en Alameda 1346, Santiago, a SS. Respetuosamente, digo:
Que vengo, por expresas instrucciones de la encargada del Departamento de Derechos Humanos de la CUT, Sra. María Eugenia Puelma Alfaro, en interponer amparo , del artículo 95, del Código Procesal Penal, en favor de doña Vanessa Queipul P., integrante de la comunidad de Temucuicui, quién , el día de hoy, fue detenida, al interior de los predios de dicha organización, por carabineros no identificados , quienes omitieron leerle sus derechos , indicar la causa de la aprehensión e informar al abogado de la Defensoría Penal o al de confianza de la afectada. Además, fue interrogada sin la presencia de abogado alguno.
La falta de identificación de los carabineros, infringe los artículos 17, letra b),de la ley Nº 19.880; en relación con el artículo 22 , Nº 6 , letra h) , del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile .
Interrogarla, sin la presencia de un abogado defensor vulnera el artículo 91, del Código Procesal Penal. Faltar al deber de informar, a la amparada, sobre la causa de la detención; como de los derechos que le asisten, viola las letras a) y b), del artículo 94, del Código Procesal Penal.
Esta denuncia, fue interpuesta ante la CUT, por el Lonco Juan Catrillanca Antil, de la Comunidad de Temucuicui , IX Región , Chile, en conformidad con el Convenio 169 , de la OIT.
Por tanto, y en mérito del artículo 95 del código procesal penal
SÍRVASE SS. tener por interpuesto este amparo, vía correo electrónico, atendida la urgencia que lo justifica, pidiendo se otorgue la debida protección a la afectada, restableciendo el imperio del Derecho. Designo, como forma de notificación, mi correo electrónico cdhabogados @yahoo.es
ASESINATO DE MATIAS CATRILEO
Algunas condiciones para que se haga Justicia en Chile
Para resolver la injusticia del crimen impune del joven estudiante de agronomía, Matías Catrileo (asesinado el 3 de enero de 2008) dicen que bastaría con expulsar de Carabineros al cabo Jara, quien le diera muerte. Pero para que ese asesinato sea resuelto -y de todos aquellos asesinados en el contexto de políticas represivas, discriminatorias y excluyentes del pueblo mapuche- se debe incluir lo que nunca se ha querido hacer. http://www.radiobiobio.cl/2010/12/18/senador-ppd-senala-que-carabinero-que-dio-muerte-a-matias-catrileo-deberia-ser-apartado-de-la-institucion/comment-page-1/#comment-364859
1. Establecer Juicios Justos a todos los niveles y para todos: es decir, todos deben ser juzgados por la Justicia Civil. Quienes planificaron y dieron las órdenes deben ser puestos en juicios civiles también. Se acostumbraron en Chile a la impunidad garantizada y protegida por sistemas dictatoriales y que justificaron y encubrieron esos crímenes. En una sociedad moderna y respetuosa de los derechos de todos y de cada uno, la Justicia Militar no debe existir. Sabemos que no se basa en leyes sino en principios de mandos que ordenan y otros que obedecen. La dictadura llegó a establecer que la desobediencia podía ser castigada con la muerte… Tampoco se establecen en Chile los principios educacionales y reglamentos que aseguren a cada persona la capacidad explícita de poder rechazar órdenes inaceptables puedan implicar muerte, daño o injusticias a personas o grupos. El que hayan funcionado así, y que para ello hayan usado figuras irresponsables como la Ley Anti-Terrorista, la Justicia Militar y los Testigos protegidos causan vergüenza al país. Las promesas del Presidente de un nuevo trato con el pueblo mapuche no han sido cumplidas. El circo de las relaciones de los mapuche con la FARCs colombianas (y cuya última versión de “esa cooperación terrorista” la trajeron el senador Espina y el propio Presidente Piñera… cuando dijeron que “las obtuvieron de sus amigos, el Presidente Uribe y la policía” del gobierno colombiano (gobierno que en ocho años mató varios miles de “sospechosos de haber sido terroristas”: inocentes campesinos de aldeas donde se masacró sin piedad y se les preguntó el nombre después de haberlos muerto! Y eso es con evidencia y denuncias de los grupos de DDHH’s colombianos que, por hacerlo, tienen varios muertos en sus filas) Pero los Juicios en Cañete no pudieron demostrar nada de esos montajes internacionales.
2. De hecho, Chile no ha cumplido con el Convenio Contra la Tortura. No se aplicado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. (http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1966.pdf ) Y esto implica un cambio inmenso, radical. Significa implementar normas democráticas y de respeto de los DDHH’s. Es lo que asegurará entrar en nuevas fases de desarrollo humano y social. Insisto: Respetar el Convenio 169 de la OIT y una nueva Constitución son parte de la solución.
3. Lo anterior implica que los cuerpos de Fuerzas Armadas y Fuerzas policiales deben ser formados, educados y controlados con principios éticos de respeto a todos los chilenos. Eso es cumplir con los convenios firmados por Chile en todos los campos de los DDHH’s. No ya más la idea de entrenar represores ni falsos James Bonds. Formar significa educar. A los animales se les entrena, a la gente se la educa para ser críticos y, ellos mismos, ser respetados en todos los niveles de las instituciones. Es decir, cuando se les ordene reprimir y cometer crímenes ellos deben saber rechazar esas órdenes y la ley deberá protegerlos. Un carabinero raso o soldado no deberá ser intimidado y forzado a cumplir con órdenes inmorales por sus superiores. Podrá rechazar y ser defendido por la ley correspondiente.
4. El Principio de Reparación debe ser considerado de modo permanente: Tanto en lo que refiere a reparar el daño colectivo que se le ha hecho al pueblo Mapuche (u otros individuos que hayan sufrido los tratos abusivos denunciados). Debe incluir el uso del principio de discriminación positiva (reparar, permitirles recuperar tiempo, espacios y condiciones de vida que les fueron negadas). Estos últimos años, por ejemplo, el pueblo Mapuche ha sido detenido con falsedades y sin juicios en un promedio de unos 50 años de cárcel por año (considerando 50 presos por un año y más. En algunos años han sido más de 100 presos por persecución política). Parte de estas reparaciones deben salir del Estado pero también de quienes hayan cometido los crímenes, especialmente de quienes impartan órdenes criminales. Cada preso detenido injustamente debe ser recompensado. ¡Imaginemos si se hubiese detenido de igual modo a un magnate tipo Luksic, Angelini, o Piñera con montajes y hubiesen tenido que estar presos por 1 o 2 años y no tener ingreso alguno! ¿Cuanto tendría que haber pagado el Estado por ese monstruoso error? Las familias de los presos políticos mapuche han vivido en la pobreza más abyecta y amenazados con mayor desempleo familiar por politiqueros de turno.
El daño hecho al pueblo mapuche debe ser reparado de modo retroactivo si queremos que haya paz y justicia. No será aceptable seguir con la mentalidad absurda de “hacer borrón y cuenta nueva”. Sin justicia, nuevas leyes y reparación no tendremos jamás una solución. Debemos poner al país y a las personas primero, sin intentar hacer creer que el dinero y las finanzas valen más que la gente. La justicia, el futuro y su medio ambiente, deben ser respetados y no permitir el vergonzoso conflicto en Caimanes, donde una enorme mina de Cobre, Los Pelambres, que pertenece al Grupo Luksic puede más que el pueblo y sus derechos.
Dr. José Venturelli, Vocero del Secretariado Europeo, Comisión Ética contra la Tortura – CECT-SE
18 de diciembre del 2010Familiares de presos políticos llaman a solidarizar ante proximidad de alegatos de clausura
A través de una carta abierta, dirigida a organismos de derechos humanos y de la sociedad civil mapuche y chilena, familiares de los presos políticos llamaron a solidarizar con los comuneros en la etapa final del juicio oral. Mientras, prosigue el desfile de "testigos sin rostro" por el Tribunal de Cañete, varios de ellos delincuentes confesos a quienes se garantiza impunidad.
"Somos familiares de presos políticos mapuche, encarcelados por el estado Chileno, actualmente, recluidos en la cárcel de Lebu, Provincia de Arauco". De esta forma comienza una extensa carta abierta dirigida a la sociedad civil mapuche y chilena, así como a diversos organismos de derechos humanos a nivel internacional, por parte de los familiares de los 17 comuneros actualmente en sometidos a juicio oral en el Tribunal de Cañete.
Los comuneros son investigados por el Ministerio Público bajo la polémica Ley Antiterrorista. Entre ellos se encuentran los principales lideres de la CAM, sindicados como culpables del supuesto atentado sufrido por el Fiscal Mario Elgueta en Tirúa el año 2008. Los hechos ocurrieron en octubre del 2008, cuando un grupo de mapuches se resistió a la comitiva policial del Fiscal Especial para causas indígenas, quien se encontraba liderando un masivo allanamiento a una comunidad en el sector de Puerto Choque, municipio de Tirúa, sector costa del País Mapuche.
Los mapuches alegan que se trató de un enfrentamiento y que hicieron uso del "legítimo derecho a la autodefensa" ante la agresión policial. La fiscalía, por su parte, acusa una "emboscada de aniquilamiento" y denuncia "tácticas" y "nexos" de los imputados con las FARC de Colombia e inclusive Al Qaeda en Irak, lo que es negado en la misiva por los familiares de los comuneros. "Nuestros familiares responden a distintos procesos de recuperación territorial de comunidades en la zona de conflicto del lago Lleu-Lleu, en virtud de los cuales se han involucrado en la lucha de nuestro pueblo", señalan.
"En este mismo contexto nuestras casas y comunidades han sido constantemente allanadas por la policía chilena, en múltiples ocasiones, maltratando y causando terror en nuestras familias, llevándose detenidos a nuestros hijos, esposos, padres y hermanos. Por el solo hecho de ser mapuche, los fiscales han invocado la Ley Antiterrorista en las audiencias de formalización, pero no ha sido sólo el Ministerio Público a través de sus Fiscales quienes solicitan su aplicación, sino que es el propio Gobierno Chileno", subrayan.
Denuncian los familiares que la aplicación de la Ley Antiterrorista, heredada del régimen militar de Pinochet, "ha implicado arbitrariedades, faltas de garantías y violaciones al debido proceso, tales como el secreto de la investigación durante prácticamente todo el proceso; 1 año y ocho meses de prisión preventiva no respetando la presunción de inocencia, supuestamente garantizada por el actual sistema judicial y violando el articulo 10 del Convenio 169 de la OIT; 35 testigos sin rostro, es decir, testigos que no se sabe si son reales o inventados, si tienen alguna animadversación en contra de los imputados, muchos de los cuales son instrumentalizados por la policía y fiscales".
Agregan a estas violaciones de derechos humanos las condenas de más de 50 años de prisión que el Ministerio Público estaría solicitando al tribunal para todos los imputados, ninguno de ellos involucrados en delitos de sangre o de gran connotación pública. Se detalla en la carta abierta que para Héctor Llaitul Carillanca se piden 103 años de cárcel; 77 para Marco Millanao Mariñan; 65 para Ramón Llanquileo Pilquiman; 52 para José Huenuche Reiman; 52 para Luis Menares Chanilao; 52 para Jonathan Huillical Méndez; 50 para Carlos Muñoz Huenuman y 50 para Juan Parra Leiva.
"Pero la aberración jurídica más grande la ha constituido el doble juzgamiento al que están sometidos cinco presos políticos mapuche del proceso de recuperación territorial de Choque", indican los familiares. Se trataría de los imputados Llaitul, LLanquileo, Huenuche, Menares y Huillical, quienes por su supuesta participación en el ataque al fiscal Mario Elgueta están siendo procesados por la Justicia Civil y Militar. La paradoja más grande es que recientemente el Juzgado Militar de Valdivia resolvió absolver a todos por falta de pruebas, fallo que se encuentra en apelación ante la Corte Marcial de Santiago.
"Contrario a lo anterior los asesinos de comuneros mapuches son juzgados por sus propios pares, quedando siempre en libertad y/o cumpliendo penas que son verdaderas burlas para las familias de las víctimas. Junto con esto los apremios ilegítimos y torturas hacia comuneros mapuche imputados u obligados a “ser testigos secretos” quedan también en la más absoluta impunidad puesto que el Ministerio Público siempre se declara incompetente dejando dichos delitos en manos de la aún vigente Justicia Militar chilena", subrayaron.
Denuncian a su vez que "Chile es el País que tiene la mayor cantidad de presos políticos miembros de un pueblo originario", lo que a su juicio daría cuenta del nivel de discriminación y racismo que aun prevalecería en el país, cuyas autoridades han hecho caso omiso a los compromisos y recomendaciones internacionales en materia indígena durante todos estos años. "Todo lo anterior da cuenta clara de que nuestros familiares prisioneros, están frente a un juzgamiento político que responde a la defensa de grandes intereses económicos (latifundios, hidroeléctricas, mineras, forestales, etc.) lo que hace muy difícil nuestra tarea, pues estamos en total desigualdad de condiciones", concluyen.
Frente a este escenario de vulneración de las garantías del debido proceso, los familiares solicitan la presencia de observadores internacionales y medios de comunicación alternativos durante los alegatos de clausura, a desarrollarse a partir del próximo 17 de enero en el Tribunal de Juicio Oral de la ciudad de Cañete. A juicio de los familiares, se trataría de una "instancia fundamental en la cual se definirá el futuro judicial de nuestros familiares". Cabe destacar que recién la próxima semana comenzarían a declarar los testigos de la defensa. El abogado de José Huenuche, Ramón Llanquileo y César Parra, señala que hasta ahora nada de lo mostrado por el Ministerio Público prueba la participación de los imputados.
"Contrario a lo anterior los asesinos de comuneros mapuches son juzgados por sus propios pares, quedando siempre en libertad y/o cumpliendo penas que son verdaderas burlas para las familias de las víctimas. Junto con esto los apremios ilegítimos y torturas hacia comuneros mapuche imputados u obligados a “ser testigos secretos” quedan también en la más absoluta impunidad puesto que el Ministerio Público siempre se declara incompetente dejando dichos delitos en manos de la aún vigente Justicia Militar chilena", subrayaron.
Denuncian a su vez que "Chile es el País que tiene la mayor cantidad de presos políticos miembros de un pueblo originario", lo que a su juicio daría cuenta del nivel de discriminación y racismo que aun prevalecería en el país, cuyas autoridades han hecho caso omiso a los compromisos y recomendaciones internacionales en materia indígena durante todos estos años. "Todo lo anterior da cuenta clara de que nuestros familiares prisioneros, están frente a un juzgamiento político que responde a la defensa de grandes intereses económicos (latifundios, hidroeléctricas, mineras, forestales, etc.) lo que hace muy difícil nuestra tarea, pues estamos en total desigualdad de condiciones", concluyen.
Frente a este escenario de vulneración de las garantías del debido proceso, los familiares solicitan la presencia de observadores internacionales y medios de comunicación alternativos durante los alegatos de clausura, a desarrollarse a partir del próximo 17 de enero en el Tribunal de Juicio Oral de la ciudad de Cañete. A juicio de los familiares, se trataría de una "instancia fundamental en la cual se definirá el futuro judicial de nuestros familiares". Cabe destacar que recién la próxima semana comenzarían a declarar los testigos de la defensa. El abogado de José Huenuche, Ramón Llanquileo y César Parra, señala que hasta ahora nada de lo mostrado por el Ministerio Público prueba la participación de los imputados.
De la misma forma, demandan adhesiones y pronunciamientos "sobre la situación de vulneración de derechos en la que se encuentra el pueblo mapuche frente a su judicialización y aplicación de legislaciones de excepción"; manifestaciones y cartas a las Embajadas de Chile en el mundo "para que el gobierno tome conocimiento del cuestionamiento a nivel internacional del tratamiento que le da a los pueblos originarios". Se despiden los familiares agradeciendo a los y las Observadoras Internacionales, provenientes de Europa y a la Misión de la Asociación Americana de Juristas que estuvieron presentes durante el mes de noviembre en la presentación de pruebas del Ministerio Publico, en especial de los "testigos secreto".
Cabe señalar que el juicio oral contra los dirigentes de la CAM comenzó el 8 de noviembre de 2010 y es hasta hora el más extenso en la historia de la reforma procesal penal en la Región del Bío-Bío. Las principales pruebas de la fiscalía son las escuchas telefónicas, que -según asegura- situarían a los imputados en el lugar del supuesto atentado al fiscal, y las declaraciones de los polémicos "testigos sin rostro", varios de los cuales serían comuneros con prontuario policial y en cuyas causas judiciales el Ministerio Público habría dejado de perseverar como moneda de cambio por su "testimonio".
