Sigue la toma de la Unicef por parte de comuneros mapuche, después de un
fallido intento de mesa de diálogo. En tanto, continúan también los juicios
pendientes, como el caso del peaje de Quino, este mismo juicio separado para
menores de edad y el proceso al werkén de la Alianza Territorial, Mijael
Carbone, entre otros litigios. Todo esto, marcado por tensiones y violentos
allanamientos y cuestionamientos a la justicia civil y militar.
Hoy se cumple el día 29 de la ocupación a la sede chilena de la Unicef que
realizan los representantes de la Alianza Territorial Mapuche en Santiago. Esto,
después del fracaso de una mesa de diálogo donde se podría haber gestado una
solución pacífica que significara deponer la medida de presión.
Cabe recordar que los comuneros en toma solicitan que el organismo
internacional intervenga directamente para terminar con la violación a los
derechos de niños y niñas en La Araucanía. Sin embargo, aseguran que la Unicef
no ha actuado con el sentido de urgencia que se requiere cuando, según indicó
la vocera Mewlén Huencho, “se está disparando a quemarropa a los niños”.
Según la werkén, a la reunión llegaron dos funcionarios menores sin capacidad
de resolución, los que no pudieron aceptar la solicitud de que el Alto
Comisionado de Naciones Unidas visite la zona de Ercilla, lo que plantean como
el principal requisito para deponer la toma.
La vocera Maulén Hunencho señaló que el objetivo es “que vaya a la comunidad,
hay que ir al lugar, al territorio, que vea la situación y la realidad de cómo
se está viviendo la represión y cómo se ha miltarizado el lugar. Ahora, si no
puede ser el Alto Comisionado, puede ser otra persona de Naciones Unidas, pero
que tenga un peso, que tenga poder de decidir. No solamente los técnicos, que
sea un peso político para parar la violencia que se está viviendo”.
Por otro lado, siguen los procesos judiciales a distintos dirigentes mapuche.
Para hoy a las 13 horas se espera que el Tribunal en lo Penal de Angol dicte
veredicto en el juicio contra el werkén Mijael Carbone, en que la Fiscalia y el
Gobierno están solicitando más de 15 años de cárcel por homicidio frustrado a
Carabineros.
Ayer se desarrolló la segunda jornada del llamado caso Quino, donde se juzga
a diez mapuches en un proceso cuya investigación se realizó bajo Ley
Antiterrorista y donde se piden más de diez años de cárcel. En este caso hay
involucrados dos menores de edad, por lo que se separó el proceso debido a la
última modificación de esta ley.
A cargo de la defensa de uno de los menores está la jefa de la Defensoría
Penal Mapuche, María del Rosario Salamanca, quien está en proceso de revisión de
los antecedentes de la causa.
En conversación con Radio Universidad de Chile, la defensora explicó que
“eventualmente pueden haber pruebas que está ofreciendo el Ministerio Público
que se obtuvieron al amparo de la Ley Antiterrorista. Es precisamente lo que
esta defensora tiene que revisar en la carpeta: cada una de las pruebas, de
dónde venían. Y hacer las alegaciones pertinentes en la preparación de juicio
oral, en el sentido de excluir pruebas en el evento de que hayan sido obtenidas
al amparo de la Ley Antiterrorista”.
Este juicio comenzará el próximo 9 de octubre, después de que fuera aplazado
ante la ausencia de uno de los defensores privados. En las mismas condiciones,
la jurista asumió también la defensa de diez mapuches procesados por la toma de
la Intendencia de La Araucanía, en el marco de la conmemoración de los cuatro
años de la muerte de Matías Catrileo, y afirmó que en este caso el contexto de
protesta social debe ser considerado.
Todo esto, después de días de allanamientos violentos donde varios comuneros
resultaron heridos, entre ellos tres menores que sufrieron disparos de
balines.
Esto, además de la sentencia de la Corte Marcial que dejó sin efecto la pena
al autor del disparo que cobró la vida a Jaime Mendoza Collío, por lo que hoy
desde el mundo mapuche se levantan fuertes cuestionamientos a la justicia civil
y militar.
http://www.biobiochile.cl/2012/08/23/natividad-llanquileo-aseguro-que-ley-hinzpeter-criminalizara-al-movimiento-mapuche.shtml
Natividad Llanquileo asegura que
“Ley Hinzpeter” criminalizará al movimiento mapuche
Jueves 23 agosto 2012 | 11:32
Imagen: Natividad Llanquileo | LanalhueNoticias.cl
Natividad Llanquileo, ex vocera de los comuneros mapuche en huelga de
hambre recluidos en Angol, aseguró que la denominada “Ley Hinzpeter”
criminalizará primero y en mayor grado al movimiento mapuche, agregando que el
Gobierno ha respondido al diálogo militarizando las
comunidades.La dirigente afirmó que se ha manifestado inquietud
por la situación que atraviesa la etnia mapuche, señalando que lo que ocurre hoy
no es distinto de lo sucedido en los gobiernos de la Concertación.
Respecto a la denominada “Ley Hinzpeter” que se tramita en el Congreso,
manifestó que tendrá un impacto profundo en los movimientos sociales y,
particularmente, en aquellos que abogan por las demandas reivindicatorias
mapuche.
Llanquileo sostuvo además que la evidente muestra de distancia en el diálogo
entre el Gobierno y los mapuche son los juicios y sentencias dictados en contra
de los comuneros, agregando que el panorama es distinto cuando se trata de otras
personas, aludiendo al caso del carabinero que dio muerte a Jaime Mendoza Collío
y
quedó en libertad.
http://radio.uchile.cl/columnas/167466/
Domingo 19 de agosto 2012
¿Quiénes son los terroristas?
Por Juan Pablo Cárdenas
Mientras la justicia ordinaria condena al joven Luciano Pitronello por haber
detonado una bomba que causó sólo mínimos destrozos a una sucursal bancaria, la
Corte Marcial revoca una sentencia de presidio por la muerte de Jaime Mendoza
Collío, ultimado por la espalda por un carabinero en La Araucanía. En el primer
caso, el afectado pierde una mano y un ojo en su propia ejecución, mientras que
los incidentes del sur se establece que ninguno de los comuneros mapuches
agredidos por la policía uniformada portaba armas de fuego que pudieran explicar
una reacción policial tan extrema y cobarde.
El Gobierno se demuestra enfurecido con la Justicia Ordinaria por haber
desestimado aplicar la Ley Antiterrorista en contra de Pitronello y postula la
necesidad de endurecer una legislación largamente cuestionada y repudiada por
las entidades de Derechos Humanos de nuestro país y del mundo. Sin embargo, poco
o nada han hecho éste y los anteriores gobiernos por resolver esa enorme
cantidad de crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado y en que sólo
algunos de sus ejecutores han recibido penas, por lo general, muy discretas. En
la constatación, además, que varios de sus cómplices o encubridores han llegado
y se mantienen en altos cargos de la administración pública.
En ello se explica que ciertas autoridades de gobierno y de los municipios
ordenen aquellas brutales y reincidentes represiones que, al igual que en la
Dictadura, se les propina a los estudiantes que se proponen marchar
pacíficamente por las calles de Santiago y ciudades regionales. Desoyendo el
clamor popular y vecinal, es ilustrativo que el Alcalde de Providencia se niege
todavía a restituirle el nombre a una de las principales avenidas de su Comuna,
bautizada por él con el nombre de “11 de Septiembre”, a fin de rendirle tributo
a Pinochet, al Golpe de Estado y los crímenes que se cometieron larga y
sistemáticamente por los militares y otros agentes del Estado que derrocaron al
gobierno constitucional.
El ministro del Interior y otros voceros rasgan vestiduras y atemorizan a la
nación constantemente con sus arengas que prometen más “mano dura” y “aplicar
todo el peso de la ley” contra los opositores u disidentes. Se escandalizan de
la detonación de un artefacto que parece más bien un juego juvenil si se lo
compara con ese horrible bombardeo de la Fuerza Aérea contra nuestro principal
edificio institucional, en escenas de odio, crimen y destrucción que el mundo
entero rememora con horror en cada mes de septiembre. Se perturban por un
bombazo que no tiene para nada el poder de destrucción de toda esa enorme
cantidad de minas antipersonales sembradas por nuestras valientes Fuerzas
Armadas en nuestra frontera norte para aterrorizar a nuestros vecinos y,
finalmente, causarle la muerte o mutilación a innumerables personas. Incluso a
los propios soldados encargados ahora de desactivarlas.
Hasta hoy se descubren nuevos episodios criminales como el que nos
proporciona una excelente investigación periodística sobre lo acontecido en el
centro de exterminio de La Reina en Santiago, donde se descubre la impunidad de
que todavía gozan quienes perpetraron la tortura, muerte y desaparición de
prácticamente todas las directivas del Partido Comunista que cayeron en manos de
un comando operativo financiado y asistido, entre otros, por el empresario
Ricardo Claro, quien muriera hace algún tiempo en el reconocimiento y homenaje
de los grandes medios de comunicación, de las autoridades del país e, incluso,
de la Jerarquía Eclesiástica. Un conspirador y terrorista de larga data y del
cual sería saludable alguna expresión de La Moneda y de la clase política tan
celosa por la acción de estos jóvenes “anarquistas” que no son más que
guatapiqueros frente a quienes manejan el poder de fuego en Chile y lo siguen
descargando contra su propio pueblo. Motejandolos de feroces enemigos del
“estado de derecho”, de la “paz social” y otras pamplinas que hoy dicen cautelar
los golpistas de ayer e instruyendo a sus fiscales para que les armen burdos
montajes a fin de incriminarlos y que, finalmente, no tienen más destino que
ser desestimados por los Tribunales.
En la cobertura que nuestra legislación le sigue dando al terrorismo de
Estado se explica la mantención de la justicia militar, de sus fiscales y
“magistrados” dependientes de las jerarquías castrenses y cuyas resoluciones
explican que un cobarde uniformado sea absuelto después de dos sentencias
condenatorias, luego de que sus propios abogados defensores se empeñaran más
bien en rebajarle la pena que alegar su inocencia. Un gravísimo sobreseimiento
que, indudablemente, encenderá la hoguera que vive la Araucanía, desacreditará
aún más nuestro sistema institucional y nos causará un enorme daño a nuestra
imagen externa. Escenario que siempre resulta propicio para quienes tienen
vocación autoritaria, desconfianza profunda por la democracia y desprecio
consuetudinario por los principios establecidos por el derecho
internacional.
