CUARTA DECLARACIÓN DE HISTORIADORES RESPECTO DE LA CUESTION NACIONAL MAPUCHE

Al igual que en enero de 2008, agosto de 2009 y septiembre de 2010, cuando emitimos sendas declaraciones a propósito de los asesinatos por la espalda de los comuneros mapuches Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío perpetrados por las fuerzas policiales del Estado y de la prolongada huelga de hambre realizada por presos políticos mapuches, respectivamente, los historiadores que suscribimos esta declaración queremos expresar nuestra preocupación y punto de vista por los últimos hechos de violencia ocurridos en la Araucanía que concluyeron con la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay y desataron una serie de allanamientos a diversas comunidades mapuches. Al mismo tiempo, declaramos lo siguiente: 1. Los hechos de violencia en esa región, que corresponde a una parte del Wallmapu, territorio ancestral del pueblo mapuche, tienen su punto de partida en la mal llamada “pacificación de la Araucanía” realizada por el Estado chileno entre las décadas de 1860 y 1880, en violación de los acuerdos concluidos con los mapuches después de lograda la Independencia (1825). Mediante una prolongada campaña militar, el Estado de Chile ocupó a sangre y fuego la Araucanía y, utilizando los métodos más violentos y crueles, usurpó grandes extensiones de tierra indígena que subastó a bajo precio o regaló a colonos chilenos y extranjeros, confinando a los mapuches en pequeñas y míseras reducciones. La violencia actual, es el fruto de la expropiación e intento de sometimiento de los mapuches por parte del Estado chileno y de los latifundistas nacionales y extranjeros que se beneficiaron del despojo de ese pueblo originario. También es el resultado de la ceguera política de las autoridades del Estado que han hecho oídos sordos a las reivindicaciones mapuches o han implementado políticas meramente asistenciales que no apuntan a corregir las injusticias estructurales de la que son víctimas los mapuches. La violencia actual es el resultado de más de 130 años de injusticias, despojos y negación de derechos. 2. No obstante esta comprensión de las causas estructurales de la violencia en la Araucanía, lamentamos la muerte de esta pareja de empresarios agrícolas, del mismo modo como lamentamos toda pérdida humana, pero advertimos a la opinión pública que no es justo criminalizar a todo un pueblo por un hecho cuyos autores aún no se conocen y que, además ha sido condenado por todas las organizaciones representativas de dicho pueblo. En este sentido, coincidimos plenamente con una reciente Declaración emitida por un grupo de destacados investigadores mapuches especialistas en Ciencias Sociales y Humanidades cuando señalan: “Creemos que las muertes en un conflicto son siempre lamentables. Refuerzan la intensidad de la violencia o la naturalizan como medio de abordaje de los problemas, contribuyen a la radicalización y polarización de las posiciones políticas e ideológicas o conllevan al desarrollo de actos irracionales. Observamos con preocupación las señales emitidas por el gobierno, políticos y gremios empresariales y ciudadanos comunes, en cuyos juicios y opiniones aflora un racismo desde el cual se justifica la aplicación de legislaciones que vulneran los derechos humanos y legitiman e incentivan la violencia policial o paramilitar en contra de los mapuches. La convergencia que manifiestan sectores empresariales, latifundistas y el gobierno en asumir la 2 represión como vía de tratamiento del conflicto no es otra cosa que la actualización de la violencia histórica cuyo origen se encuentra en la imposición del Estado colonial chileno en nuestro territorio mapuche”. 3. Consideramos que solo un cambio radical de la posición del Estado y del conjunto de la sociedad chilena frente a la “cuestión mapuche” podrá dar solución efectiva a este conflicto más que centenario. Es necesario erradicar de raíz la discriminación y el racismo del que es víctima este pueblo originario apuntando a las causas de fondo de su malestar. Es preciso, en primer lugar, avanzar hacia un rápido reconocimiento constitucional del pueblo mapuche y de todos los pueblos originarios que pueblan desde hace muchos siglos el territorio de la actual República de Chile. También es preciso construir junto a esos pueblos una fórmula consensuada con el pueblo chileno de autonomía política en el marco de un Estado que debe declararse como plurinacional y pluricultural. Igualmente se impone la urgente adopción de medidas que apunten a la devolución de las tierras usurpadas, la liberación de los presos políticos mapuches, el cese de la represión contra las comunidades, el término de la militarización de la Araucanía y la no aplicación de la Ley Antiterrorista en hechos producidos en el contexto de luchas sociales, reivindicativas o nacionales, la protección de la infancia mapuche amenazada por la ofensiva represiva del Estado, la aplicación irrestricta de las cláusulas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por Chile que concierne a los pueblos originarios, la preservación de la lengua y de la cultura mapuches, entre otras medidas exigidas por las organizaciones mapuches y de defensa de los Derechos Humanos. 4. Manifestamos, una vez más, nuestro apoyo a las demandas del pueblo mapuche porque se sostienen en el legítimo derecho de reclamar del Estado la devolución de las tierras que le fueron expropiadas, el reconocimiento que merece como un pueblo con sentido de identidad propia y el derecho a lograr una mayor participación en la gestación de las políticas que consideren apropiadas para impulsar su desarrollo. 5. Estamos firmemente convencidos que la instauración de un diálogo democrático e igualitario entre todas las partes involucradas en el conflicto que opone al Estado de Chile y los empresarios de la Araucanía, por un lado, y el pueblo mapuche, por el otro, solo puede ser abordado desde el reconocimiento de hechos históricos indesmentibles como son los del violento despojo y violación de derechos del que ha sido víctima el pueblo mapuche desde hace mucho tiempo. Negar, soslayar o minimizar estas verdades históricas solo hará más difícil y doloroso el proceso para la solución de este drama histórico. La Araucanía - Santiago, 15 de enero de 2013. Sergio Grez Toso, académico de la Universidad de Chile. Igor Goicovic Donoso, Director del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. 3 Jorge Pinto Rodríguez, académico de la Universidad de La Frontera (UFRO), Temuco, Premio Nacional de Historia 2012. Pedro Canales Tapia, académico de la Universidad de Santiago de Chile. Julio Pinto Vallejos, académico de la Universidad de Santiago de Chile. Augusto Samaniego Mesías, Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Luis Galdames Rosas, Director del Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Universidad de Tarapacá, Arica. Fabián Almonacid, Director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile, Valdivia. Alejandra Brito Peña, Directora del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Concepción. Beatriz Areyuna Ibarra, Jefa de la Carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Pedro Rosas Aravena, Director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS. Mario Garcés Duran, académico de la Universidad de Santiago de Chile, Director de ECO, Educación y Comunicaciones. Nelson Castro Flores, Jefe Carrera Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales, Escuela de Educación, Universidad Viña del Mar. Juan Ñanculef Huaiquinao, Jefe Unidad de Cultura y Educación CONADI Dirección Nacional –Temuco. Carlos Gutiérrez P., Director del Centro de Estudios Estratégicos (CEE-Chile). Verónica Valdivia, académica de la Universidad Diego Portales. Carlos Contreras Painemal, académico de la Freie Universität, Berlin, Alemania. José del Pozo, académico de la Université de Québec à Montréal (UQAM), Montreal, Canadá. José Alejandro Marimán Quemenado, historiador y Dr. en Ciencias Políticas. Marcela Cubillos Poblete, académica de la Universidad de La Serena. Cristina Moyano, académica de la Universidad de Santiago de Chile. Rolando Álvarez Vallejo, académico de la Universidad de Santiago de Chile. Jaime Massardo, académico de la Universidad de Valparaíso. Alberto Díaz Araya, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica. Ángela Vergara Marshall, académica California State University. Los Angeles, Estados Unidos. Consuelo Figueroa Garavagno, académica de la Universidad Diego Portales. Manuel Loyola, Director de Ariadna Ediciones. Carlos Molina Bustos, académico de la Universidad Viña del Mar. Rodrigo Ruz Sagal, académico de la Universidad de Tarapacá, Arica. Margarita Iglesias Saldaña, Directora de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Ivette Lozoya López, académica de la Universidad de Santiago de Chile. Claudia F. Rojas Mira, Dra © en Estudios Americanos especialidad Historia, IDEA, Universidad de Santiago de Chile. Juan Rodrigo Ortiz Retamal, historiador Evangélico. Francis Goicovich, académico de la Universidad de Chile. Luis Castro Castro, académico de la Universidad de Valparaíso. Horacio Gutiérrez, académico de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. María Eugenia albornoz Vásquez, Dra. © de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris.