COMUNICADO PUBLICO

TRIBUNAL CONDENA A DIRIGENTES DE LA CAM APLICANDO LA LEY ANTITERRORISTA,CON TESTIGOS SECRETOS, Y DECLARACIÓN OBTENIDA BAJO TORTURAS.

LOS FAMILIARES DE LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE DE LA CAM DENUNCIAMOS:

1.- Que nuestros familiares fueron condenados, EXCLUSIVAMENTE, gracias a la aplicación de la Ley Antiterrorista, a través de un montaje, un indebido proceso y un juicio mucho peor. Todo claramente direccionado hacia los militantes de la CAM.

2.- Que fueron condenados por delitos que jamás pudieron ser comprobados y menos aun se pudo probar su participación.

• “Homicidio a Fiscal del Ministerio Público en Grado Frustrado” (de 15 años a cadena perpetua), basado en una supuesta “llamada de celular” que avisaba de la ida del Fiscal Elgueta a Choque pero que jamás fue presentada como prueba.

• “Lesiones en contra de tres funcionarios de la PDI”.

• “Robo con Intimidación a Santos Jorquera”.

3.- Que el Tribunal de Cañete, en veredicto dividido (2-1), basó su decisión en pruebas espurias como declaraciones obtenidas, por la PDI, a través de torturas y testigos secretos.

4.- Que gracias a este montaje nuestros familiares arriesgan penas que van desde los 15 a los 35 años de cárcel.

5.- Que estas condenas corresponden a una persecución política que tiene como objetivo pacificar la zona del LLeu LLeu y continuar pavimentando el camino a las inversiones económicas, especialmente, referidas a la explotación forestal y minera.

6.- Que si bien nos alegramos por la libertad de la mayoría de los comuneros, consideramos este resultado como un triunfo del Ministerio Publico, de los policías y jueces corruptos y de los poderes fácticos del Estado chileno capitalista.

La lucha continúa…¡¡¡¡WEUWAIÑ!!!!

JUICIO A MAPUCHE EN CAÑETE - JUICIO POLITICO

Tribunal de Cañete absuelve a mapuches de principales cargos imputados por Fiscalía  

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete decidió absolver a 14 comuneros que estaban acusados de "incendio terrorista" y condenar solo a 4 de ellos por el ataque al fiscal Mario Elgueta el año 2008, descartando sin embargo su carácter de "terrorista". Un duro revés para la Fiscalía del Ministerio Público, que buscaba largas condenas contra los imputados.

Por Azkintuwe

 

Como un verdadero triunfo celebraron los comuneros mapuches reunidos en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete el fallo leído esta tarde por los magistrados. Razones tenían para festejar. Tras dos años en prisión preventiva y tres meses de juicio oral, el Tribunal decidió absolver a los 14 comuneros mapuche que estaban acusados de "incendio terrorista" por la Fiscalía. El presidente del Tribunal señaló que si bien hay convicción de que los hechos descritos por el Ministerio Público revisten carácter terrorista, no se pudo acreditar que las personas imputadas tuvieran relación con los hechos.

 

En el mismo veredicto, los jueces dieron a conocer su sentencia condenatoria contra los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquiman, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez por el delito de "Atentado a la Autoridad", descartando el carácter terrorista en este caso, ello por el ataque a la comitiva policial del fiscal Mario Elgueta, hecho ocurrido en octubre del 2008 en el sector de Puerto Choque tras un violento ingreso de la autoridad judicial a territorio mapuche.

 

Los comuneros también fueron encontrados culpables del delito de "Robo con Intimidación", ello en contra del testigo protegido de la Fiscalía y ex colaborador de la dictadura militar en la zona de Arauco, Santos Jorquera. Tribunal absolvió de cargos al resto de los imputados en todas estas acusaciones, incluida las de "asociación ilícita terrorista" y "asociación ilícita para el robo de madera", dos de las más graves y donde la Fiscalía del Ministerio Público cifraba esperanzas de obtener largas condenas de prisión.

 

El veredicto determinó que 13 comuneros mapuche quedaran en libertad inmediata. Carlos Muñoz, uno de los comuneros que recuperó su libertad tras dos años de encierro, declaró a Radio Digital FM, que "la Fiscalía no tenía las pruebas suficientes para condenar a nuestros peñis". El comunero fue recibido en las afueras del Tribunal cañetino bajo muestras de total alegría por parte de familiares y público asistente a la lectura del veredicto. Trascendió que el futuro procesal de los 4 comuneros que fueron encontrados culpables se conocerá en audiencia el próximo martes 22 de marzo.

 

Fallo significa un duro revés para la Fiscalía del Ministerio Público. Por un lado, se absolvió a todos los comuneros que estaban acusados de incendios que afectaron a cabañas y camiones forestales, principalmente en la zona del lago Lleu Lleu, entre los años 2005 al 2008. Todos permanecieron en promedio dos años en prisión preventiva, ello en base al testimonio de "testigos sin rostro" y confesiones obtenidas bajo tortura policial. Tales irregularidades fueron posible debido a la aplicación de la polémica Ley Antiterrorista, según denunció Norberto Parra, absuelto esta tarde por el tribunal.

 

Por otro lado, los magistrados desecharon el carácter "terrorista" del ataque al fiscal Mario Elgueta, ocurrido en octubre del 2008. El tribunal absolvió a la mayoría de los acusados, dictando sentencia condenatoria solo contra cuatro mapuches, ello por el delito menor de "Atentado a la Autoridad". Para Natividad Llanquileo, vocera de los presos, fallo habría ratificado carácter político del juicio oral. "Los cuatro hermanos son los lideres de la CAM, por lo que es una persecución política claramente. La situación de los cuatro hermanos condenados la vamos a conversar, los vamos a visitar en la cárcel y veremos cuales son los pasos a seguir. Ha sido un gran costo el que han pagado las familias", señaló.

Cabe destacar que el juicio estuvo marcado por una serie de irregularidades. A lo largo del proceso, el Ministerio Público se valió de una gran cantidad de escuchas telefónicas, así como también de una treintena de testigos sin rostro para probar la culpabilidad de los mapuches. El juicio fue seguido además por numerosos observadores internacionales que buscaban resguardar con su presencia en Cañete los derechos de los acusados. Los delitos por los que eran imputados los comuneros eran: asociación ilícita terrorista y asociación ilícita para el robo, incendio terrorista e incendio, robo con intimidación y amenazas terroristas, además de atentado terrorista contra el fiscal Mario Elgueta y el personal de la PDI. La mayoría fueron desechados por el tribunal.

 

El juicio oral que llegó hoy martes a su fin pasó por distintas etapas. Previo a su inicio el mes de noviembre, una treintena de presos políticos mapuches, protagonizó una prolongada huelga de hambre para pedir el fin de la aplicación de la Ley Antiterrorista en el conflicto social mapuche, el término del doble enjuiciamiento en la justicia civil y militar, y el uso de testigos sin rostro en las causas, entre otras demandas. La medida de presión se extendió por 82 días y concitó la atención de la comunidad nacional e internacional. Diversos organismos internacionales solicitaron al gobierno atender debidamente los reclamos de los huelguistas.

 

Si bien el gobierno aceptó retirar las acusaciones por Ley Antiterrorista, esto solo se concretó el pasado día viernes, al final del proceso, cuando el abogado representante del Gobierno pidió la recalificación de los delitos de terroristas a comunes, conforme a los compromisos adoptados al finalizar la huelga de hambre. Sin embargo, el abogado defensor de los comuneros, Alberto Espinoza, calificó la medida del Gobierno como “insuficiente” y “tardía” porque “de todas maneras se ha acogido la aplicación de la Ley Antiterrorista durante todo el juicio

Abogado del gobierno solicita retiro de Ley Antiterrorista en juicio oral en Cañete

Por The Clinic Online

Hector Llaitul, lider Mapuche

En los alegatos de clausura de este miércoles, el abogado del gobierno, Guillermo Leyton, pidió la recalificación de los cargos de “delitos terroristas” a “delitos comunes”. De esta manera se retiró la invocación a la Ley Antiterrorista contra 14 de los 17 imputados,  cumpliendo el gobierno su promesa ante ex huelguistas. Fiscalía del Bio Bio persiste en la acusación.

Gentileza de AZKINTUWE

En los alegatos de clausura de este miércoles, el abogado del gobierno, Guillermo Leyton, pidió la recalificación de los cargos de “delitos terroristas” a “delitos comunes”, y de esta manera se retiró la invocación a la Ley Antiterrorista contra 14 de los 17  imputados. Cabe recordar que la fiscalía local formalizó a los comuneros por los supuestos delitos de asociación ilícita terrorista, incendio terrorista, robo con intimidación, asociación ilícita para el robo de madera y el atentado contra el fiscal Elgueta, perpetrado en Tirúa el 16 de octubre de 2008.

De esta manera, el abogado cumplió con la promesa que hizo el gobierno a los 38 presos mapuches que estuvieron en huelga de hambre durante 81 días, exigiendo que no se les aplique la Ley Antiterrorista. Leyton, abogado del Ministerio del Interior, afirmó que tiene la convicción de que efectivamente ocurrieron los hechos que se les imputan a los supuestos miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), pero “en ningún caso son de carácter terrorista”.

La Fiscalía del Biobío, por su parte, mantuvo la calificación de terrorista para los delitos.

El martes se desarrollaron los alegatos de clausura del fiscal Andrés Cruz, quien pide una pena de 102 años de cárcel para Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco. Según el fiscal, Llaitul es el líder de esta organización que pretendía “expulsar del sector de Lleulleu a todos los particulares no mapuches, a través de un violento proceso de reivindicación de tierras”.

Llaitul, de profesión asistente social, es sindicado como el “jefe militar de la CAM”, a juicio de Cruz responsable de la mayoría de los ataques incendiarios a predios que se han registrado en los últimos años en Tirúa y otros sectores de la región. La jornada estuvo además marcada por manifestaciones al exterior del tribunal exigiendo una real justicia para los comuneros.

Alegatos de la defensa

Este jueves 17 de febrero, se realizarán los alegatos de clausura de la defensa, donde los abogados Pablo Ortega, Pelayo Vial, Victoria Fariña y Juan Guzmán Tapia (ex juez) insistirán en que el fiscal Andrés Cruz no pudo probar ninguno de los delitos que se les imputan a Héctor Llaitul Carrillanca y los otros comuneros, miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Según el ex juez Guzmán, defensor de Llaitul, la acusación contra el dirigente y supuesto organizador del ataque se basa  principalmente en dos testigos secretos que están confesos de diferentes delitos y que, por lo mismo, tienen poca credibilidad.

Guzmán afirma que las escuchas telefónicas presentadas en el juicio fueron “manipuladas y sacadas de contexto”. Insiste en que el fiscal Cruz no pudo situar a los acusados en el lugar en  que se cometió el ataque y que los mismos carabineros que testificaron en el juicio calificaron el hecho como un enfrentamiento y no una emboscada. Los defensores han alertado además de diversas irregularidades en el marco del prolongado proceso judicial. El Defensor Penal, Pelayo Vial, denunció que el Ministerio Público omitió mucha información en el juicio oral, cambiando el sentido de los hechos que se investigan respecto de la imputación contra los 17 comuneros.

“Hay que entender que la investigación la dirigió una de las personas que fue uno de los afectados. Uno de los policías que fue afectado continúa ligado a la investigación, eso evidentemente no es una situación regular. A ninguno de nosotros nos gustaría que pasara eso respecto de un hecho que ha acaecido en contra nuestra y eso va a quedar bastante claro después del alegato de clausura y va a explicar muchas de las cosas que ha presentado el Ministerio Público”, subrayó.

“En estos casos hay pruebas de cargo que son las que deben probar la efectividad de los delitos, la participación y demás circunstancias que rodean el hecho delictivo. Y la conclusión que hemos llegado es que el Ministerio Público no lo ha logrado acreditar mediante las pruebas que incorporó, ni la participación ni la relación circunstancial de los hechos. Por lo tanto, con las datos incorporados creemos que no se puede condenar a nadie, porque no hay certezas”, indicó por su parte la abogada defensora Victoria Fariña.

En cuanto a los incendios terroristas, los abogados dicen que esta acusación se basa en cuatro comuneros que denunciaron presiones indebidas de parte de carabineros y de la fiscalía para declarar contra su peñi, Ramón Llanquileo. “Los únicos testigos presentados fueron carabineros que declararon como testigos de oídas”, señalan los defensores. Acerca de las asociaciones ilícitas
y el robo de madera, los abogados aseguran que en la época en que se cometieron los delitos, “parte importante de los acusados no se encontraba en la zona”.

Por ejemplo, explican, Ramón Llanquileo se encontraba en el extranjero, Héctor LLaitul estaba preso, Jonathan Huillical estudiaba en el Liceo de Lonquimay y Luis Menares trabajaba en Temuko. “Obviamente, si la acusación se cae para algunos, se cae para todos”, expresan los defensores.

Sobre el robo con intimidación que sufrió el comunero Santos Jorquera, los abogados indican que esta acusación se basa en el testimonio de testigos secretos que reconocieron haber estado bebiendo alcohol en la chichera de Jorquera, cuando ocurrieron los hechos. “Además, uno de los que dice haber escuchado algo es sordo, el que dice haber visto algo es corto de vista”, aseguran.

El veredicto se conocería el próximo lunes en medio de la expectación internacional que ha despertado el juicio. Éste comenzó poco después de concluida la huelga de hambre de 81 días que realizaron Llaitul y otros 37 comuneros para exigir que no fueran juzgados por Ley Antiterrorista.

 

http://www.radiobiobio.cl/2011/02/16/modifican-medida-cautelar-a-comunero-mapuche-procesado-por-atentado-a-un-bus-en-temuco/

Miércoles 16 febrero 2011 | 12:00

Modifican medida cautelar a comunero mapuche procesado por atentado a un bus en Temuco

Publicado por Camila Navarrete | La Información es de Carlos Martínez •  

Se trata de Luis Trancal, quien está imputado por el Ministerio Público por haber participado en el atentado que el 28 de julio de 2009 afectó a un bus de la empresa Tur Bus, en el baipás de Temuco.

La Corte de apelaciones hoy resolvió cambiar la prisión preventiva que pesaba sobre el comunero desde hace 18 meses, modificándolo por arresto domiciliario nocturno.

Luis Trancal, quien ha sido considerado líder de la Coordinadora Arauco Malleco en la zona, de todas maneras deberá permanecer en prisión preventiva, por otra causa incubada en el juzgado de garantía de Lautaro.

Justicia (¿al fin?) para el pueblo Mapuche ¿Reparación, también?

Sábado, 12 de Febrero de 2011 17:35 Por José Venturelli

  

 

Una buena historia es la que nos llega en el material de Taller Cicatriz (ver al final resumen y sitios adicionales, video incluido), que muestra como se van desarrollando ciertas etapas en los juicios contra el pueblo mapuche. La vergüenza de los Juicios Orales de Cañete ha sido muy reveladora. Lo que vemos ahora es parte de esta discusión. Las audiencias en Temuco van mostrando una tendencia interesante pero que debemos mirar de modo crítico.

Las luchas históricas del pueblo Mapuche han sido siempre reprimidas y debemos cuidarnos de caer en el triunfalismo... Esto no quiere decir que lo que escuchamos y vemos ahora no sean logros de las luchas del pueblo Mapuche (y que con frecuencia han llevado a promesas incumplidas). Pero, como siempre: el Estado llega muy tarde y entrega demasiado poco: el mínimo para persistir en ventajismo rutinario. Su carácter clasista y defensor de los sectores que se hicieron de tierras y riquezas que no les pertenecía persiste. Para hacerlo, usaron todo tipo de herramientas, especialmente las leyes y las fuerzas represivas que han violentado al pueblo e impuesto cárcel, tortura, abusos, miseria, inequidad, sufrimientos y muertes que han seguido quedando impunes.

Es tiempo de recapacitar y poner los términos de referencia en la que el mismo pueblo mapuche las ha puesto en sus luchas justas y democráticas. Especialmente en su huelga de hambre que ha sido un ejemplo de compromiso y de valentía. Mostraron que el “derecho a tener derechos” es algo que nunca debe ser dejado de lado. Chile lo está entendiendo. Y no han aceptado la persecución de menores a los que también se les ha torturado. El mundo esto lo sabe: los informes han sido entregados a organismos legales internacionales y a Naciones Unidas.

Por ello se les debe devolver su libertad sin condiciones, especialmente cuando en los juicios se ha comprobado que la "justicia del Estado chileno" fue manipulada. Se debe reparar el daño que se les ha hecho en su vida, en su formación mediante la violencia y amenazas contra sus familias.

El tiempo en las cárceles inhumanas y el trato violento, con tortura, con persecución de las familias no será olvidado. El Estado, si llega a tener algo de ética debe impedir que vuelva a suceder y debe implementar medidas de prevención. Son muchas pero, para ponernos en perspectiva debe incluir, por lo menos, inicialmente:

1.       Impedir que a los niveles locales se hagan asaltos contra las comunidades con violencia inusitada. Quien de la orden debe ser responsable y plausible de ser llevado a juicio por daño y violencia indebida. Esto debe ser formulado como ley y reglamentos vinculantes para el gobierno y para las fuerzas policiales y militares que son usadas en la represión.

2.       La policía no debe estar al servicio de privados, como es el caso de latifundistas en la zona de Temucuicui ni de cualquier otro empresario (industria de la celulosa, agua, hidroeléctricas, etc)  a los que se les antoje reprimir llevando a violencia, incluso a muertes que siguen impunes. (Lleu-Lleu, Munko, Cunco y otros)

3.       El estado deberá negociar directamente con los líderes mapuche sobre las demandas hechas por los presos políticos mapuche y sus comunidades:

o    Implementar a todos los niveles el Convenio 169 de la OIT que, precisamente, si es respetado,  va a prevenir los conflictos de tipo represivo, racista y de exclusión socio-económico que hemos visto en Chile.

o    Mejoramiento (con discriminación positiva, es decir, aumentar el valor y la calidad de los programas al pueblo mapuche) en todos los aspectos humanos: salud, educación, vivienda, infancia y adultos mayores, empleo, pensiones de vejez y desempleo, problemas de agua y basura, formación profesional y apoyo para el trabajo eficiente del agro. Y tantos otros.

o    Hacer justicia y juzgar a quienes han sido parte de abusos contra el pueblo Mapuche. Los que los ordenaron deben ser incluidos.

4.         Establecer sistemas de participación y de leyes en los que ellos participen y que se den en un contexto que permita democratizar sus vidas en sus términos. Esto, debe ser parte de una demanda nacional que debe corresponder a la formulación de una Nueva Constitución: Democrática, participativa y ética, donde el ser humano sea el centro de su quehacer y las ganancias de los sectores empresariales que han aumentado la inequidad en los 20 años post-dictadura no lo sean. Es decir, hacer un país más humano, capaz de corregir sus errores.

5.       Esto implica fin al uso de leyes anti-terroristas que son de carácter anti-democrático, injustificables, discriminatoria  y que son aplicadas sólo en defensa de los sectores que se creen dueños del país y de su futuro.

6.       Fin del uso de una Justicia Militar que no tiene razón de ser (impresión también del Presidente de la Corte Suprema, Milton Juica) y que sólo permite reprimir de modo más brutal y asegurar la impunidad de los crímenes cometidos.

Las condiciones mencionadas, que no son excluyentes de otros aspectos que se deberán ir dando - por ejemplo, control por los mismos pueblos originarios de sus propias estructuras administrativas, policiales y judiciales, como se viene haciendo en otros países - deben estar abiertas al diálogo según las propuestas que se vayan dando en un trato de respeto y justicia para todos.

La apertura del diálogo va a implicar que los conflictos de interés existentes, en los que tierras, bosques, ríos, mar, minas, etc, deberán ser enfrentados con responsabilidad y justicia. Esto implica, entre otras cosas, por ejemplo, incluir los conflictos del mismo presidente en lugares como Tantauco, Chiloé, donde tiene tierras malhabidas y basado en ventajas inaceptables con la transparencia y ética que se pretende. Sólo con el ejemplo puede un gobierno y sus gobernantes mostrar una cara democrática. Los que han sido los “condenados de la tierra” ya no pueden ni seguirán siéndolo para siempre.

Chile se abre a un nuevo camino si se cumplen las promesas de los gobiernos y los convenios internacionales que son ley de esta tierra y que deberán cumplirse. Todos los sectores, personas, parlamentarios, y cada uno de nosotros debe identificar que cada persona tiene un papel en la búsqueda de la justicia social y la equidad. El pueblo mapuche avanza en su unidad y en su capacidad negociadora. Todos debemos ayudar a que esta oportunidad histórica no nos pase por el lado porque seguimos preocupados con agendas mercenarias heredadas de la dictadura.

José Venturelli, Pediatra
Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura  CECT-SE

Información recibida de Waxun al día y del Taller Cicatriz www.discoscicatriz.blogspot.com  LINK PARA EL VIDEO: http://www.vimeo.com/19855219

Wall- mapuche, hoy viernes 11 de febrero de 2011, a las 9 de la mañana comenzó en la corte de Apelaciones de la Ciudad de Temuco, los alegatos de cambio de medida cautelar de prisión preventiva que pesaba desde hace mas 1 año y medio en contra de los hermanos Felipe Huenchullan, Camilo Tori, Víctor Queipul Millanao, Jose Queipul Huaiquil, Luis Marileo y Cristian Cayupan miembros de las comunidades mapuche de Temucuicui autónoma y cacique José Guiñon, preso en las cárceles Angol, Cholchol y Temuco. Tomando en consideración las contundentes pruebas que demuestran la verdadera inocencia de los hermanos, la Corte de Apelación de Temuco revoco la medida cautelar de prisión preventiva por la libertad.

Última actualización el Sábado, 12 de Febrero de 2011 17:42

Los Juicios injustos de Chile: un reflejo de su historia reciente.

En un artículo reciente - http://radio.uchile.cl/noticias/101283/ - Vivian Lavín discute la persecución en contra de Víctor Llaitul, dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Indica una verdad que el estado chileno esconde y cuyas bases manipula para mantener la represión contra el pueblo Mapuche. Los juicios basados en montaje han seguido y Chile aparece a nivel mundial como la antítesis de una verdadera justicia. Los múltiples artículos y vídeos que existen en los medios alternativos son evidencia de que la justicia en Chile debe ser respetada y que una nueva Constitución es fundamental para pretender que somos un país democrático.

Les envío copia de una carta abierta que incluyo [y de la que he enviado copia a los más amplios sectores sociales chilenos y de grupos de DDHH's en Chile y el extranjero.]

Señores,

Sebastián Piñera, Presidente de la República de Chile,

"Sr. Felipe Bulnes Serrano", Ministro de Justicia

"Patricio Powell -Cónsul General de Chile"

"Sr Roberto Ibarra G - Embajador de Chile"

"Chilenos en Quebec"

"Gastón Ancelovici"

"Protach Canadá",

"Sol Media Canada"

De mi más alta consideración,

Para que el cuerpo diplomático tenga alguna información distinta de los montajes del Ministerio Público,  me permito hacerles llegar esta información de familiares, medios de comunicaciones alternativos (Chile, es conocido, no respeta la plena libertad de informar y de ser informado) y de personas/grupos de defensa de los presos políticos mapuche. Sus juicios Orales en Cañete se hacen en forma sesgada y al margen de cualquier justicia que se aprecie de ser legítima y acorde con los patrones mundiales de Justicia. El Presidente Sebastián Piñera y su gobierno prometieron justicia, trato humano y respeto a sus derechos fundamentales a los huelguistas de hambre. Pero nada de eso fue cumplido.

En comunicaciones anteriores les he expresado mi experiencia directa de haber visitado a los presos políticos mapuche en las cárceles y de ver directamente las deplorables condiciones en las que se les mantiene y que no cumplen con las más mínimas condiciones humanas. Llevan más de un año y medio sin ser procesados adecuadamente y, cuando se les enjuicia, no hay debido proceso y sus juicios son un insulto a la verdad y a los principios humanos más elementales.

Les ruego, al igual que las personas que apoyan la defensa de los derechos humanos del pueblo Mapuche desde Chile y acá, en Canadá, que informen al público canadiense y a las autoridades canadienses de esta nueva información que sí se basa en evidencia. Es decir, pido que cumpliendo con lo que es su función como diplomáticos entreguen información de las distintas partes de este conflicto represivo que mantiene el estado de Chile con el pueblo Mapuche. La información entregada en Septiembre del 2010, tanto por la Embajada Chilena en Ottawa y por el Consulado General de Toronto, durante la huelga de hambre de los presos políticos, ha quedado claro que no eran sino resúmenes de montajes y justificaciones represivas conocidas. La declaración hecha entonces de que Chile es un país con justicia transparente y que garantiza Juicios Justos, es muy claro que nadie lo puede creer: la evidencia es contraria a eso. (Ver artículo de Lucía Sepúlveda sobre Declaraciones de Jurista francesa Mireille Fanon, observadora internacional a los Juicios de Cañete).

Los materiales que van en este correo incluyen un vídeo y varios artículos, que incluye uno de Juan Pablo Cárdenas, Director de Radio Universidad de Chile y uno de los periodistas más prestigiosos del país. También el artículo de Lucía Sepúlveda que va en anexo.

Dado que ustedes son representantes de Chile espero esta información la hagan llegar a quienes corresponde en Canadá.

Agradece y saluda respetuosamente,

Dr. José Venturelli,

Profesor Emérito de Pediatría, Universidad de McMaster - Canadá

Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura CECT-SE

Miembro, Grupo Ontario por los Derechos Humanos y Solidaridad con el Pueblo Mapuche