Por EFE 
Foto: www.elranco.cl
Foto: www.elranco.clOrganizaciones chilenas de defensa de la infancia denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violencia institucional que, a su juicio, ejerce el Estado chileno contra los niños mapuches.
Los menores que sufren estos abusos pertenecen a comunidades movilizadas por la recuperación de sus tierras ancestrales y son víctimas colaterales del conflicto que mantienen estos pueblos con el Estado de Chile, que se intensificó a partir del año 2001.
Así lo explicó hoy Carlos Muñoz, el portavoz de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), una de las tres entidades que llevaron hoy este caso ante la CIDH.
Este organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició hoy sus audiencias públicas en el marco de su 141º periodo de sesiones, que comenzó el pasado 21 de marzo y se prolongará hasta el 1 de abril.
Heridas con balines, bombas lacrimógenas, interrogatorios ilegales en las escuelas, hostigamiento, tortura, y rapto son sólo algunas de las penalidades que sufren los menores mapuches que se ven envueltos en el conflicto entre esta comunidad indígena, la más importante de Chile, y el Estado, según denunció Muñoz.
Las entidades en favor de la infancia explicaron que hablan de violencia institucional porque la discriminación y el maltrato a los niños mapuches los ejercen instancias que dependen del Gobierno.
“En esta violencia está involucrado el servicio de Salud Pública, porque minimiza el daño de los pequeños y no les atiende correctamente; también lo está el ministerio Público, que permite los interrogatorios ilegales en las escuelas, así como el ministerio de Interior, del que depende la policía, que ejerce estos abusos”, esgrimió Nuñez.
La representación del Gobierno en la audiencia expresó su malestar por las denuncias “genéricas, extremas, graves, y subjetivas” de las entidades, y rechazó que la situación sea tan “catastrófica” como la dibujan las ONGs.
Así, el director de Derechos Humanos del ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Miguel Ángel González, se limitó a decir que “puede haber algunos casos”, pero que sólo conoce “tres de jóvenes que ciertamente habían cometido delitos”, y reclamó después “concreción y menos alarmismo” a las ONGs que pidieron la audiencia.
En el turno de preguntas de la CIDH, el relator del organismo para los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Sergio Pinheiro, interrogó a los representantes del Estado chileno sobre la aplicación de la ley antiterrorista, una de las cuestiones claves del conflicto mapuche.
La ley 18.314 o ley antiterrorista, que fue promulgada bajo la dictadura militar en 1984, está siendo aplicada en casos de menores mapuches, algo que, según dijo Pinheiro, “espanta a la Comisión”.
González argumentó que esto es así por la lectura de la ley que hace el ministerio Público, un organismo autónomo del Ejecutivo, pero subrayó que la voluntad del Gobierno de Chile es que esta no se aplique en el futuro en los conflictos con los pueblos indígenas, para lo que será necesario elaborar un nuevo proyecto de ley.
Las entidades en defensa de la niñez pidieron a la CIDH que inste a Chile a crear una ley de protección integral de la infancia, y a aplicar protocolos que regulen el uso de la fuerza policial cuando haya niños involucrados en el conflicto.
González remarcó que el Gobierno de Chile se “ha adelantado” a las ONGs, y ha pedido también una visita de la Comisión para que compruebe que la situación de los niños mapuches en el país “dista mucho de ser como se ha relatado en esta audiencia”.
La CIDH efectuará esta visita en los próximos meses y espera recibir del Gobierno de Chile datos sobre cuántos menores mapuches han sido detenidos y procesados y por qué motivos.
Los menores que sufren estos abusos pertenecen a comunidades movilizadas por la recuperación de sus tierras ancestrales y son víctimas colaterales del conflicto que mantienen estos pueblos con el Estado de Chile, que se intensificó a partir del año 2001.
Así lo explicó hoy Carlos Muñoz, el portavoz de la Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile (ROIJ Chile), una de las tres entidades que llevaron hoy este caso ante la CIDH.
Este organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició hoy sus audiencias públicas en el marco de su 141º periodo de sesiones, que comenzó el pasado 21 de marzo y se prolongará hasta el 1 de abril.
Heridas con balines, bombas lacrimógenas, interrogatorios ilegales en las escuelas, hostigamiento, tortura, y rapto son sólo algunas de las penalidades que sufren los menores mapuches que se ven envueltos en el conflicto entre esta comunidad indígena, la más importante de Chile, y el Estado, según denunció Muñoz.
Las entidades en favor de la infancia explicaron que hablan de violencia institucional porque la discriminación y el maltrato a los niños mapuches los ejercen instancias que dependen del Gobierno.
“En esta violencia está involucrado el servicio de Salud Pública, porque minimiza el daño de los pequeños y no les atiende correctamente; también lo está el ministerio Público, que permite los interrogatorios ilegales en las escuelas, así como el ministerio de Interior, del que depende la policía, que ejerce estos abusos”, esgrimió Nuñez.
La representación del Gobierno en la audiencia expresó su malestar por las denuncias “genéricas, extremas, graves, y subjetivas” de las entidades, y rechazó que la situación sea tan “catastrófica” como la dibujan las ONGs.
Así, el director de Derechos Humanos del ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Miguel Ángel González, se limitó a decir que “puede haber algunos casos”, pero que sólo conoce “tres de jóvenes que ciertamente habían cometido delitos”, y reclamó después “concreción y menos alarmismo” a las ONGs que pidieron la audiencia.
En el turno de preguntas de la CIDH, el relator del organismo para los Derechos de la Niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Sergio Pinheiro, interrogó a los representantes del Estado chileno sobre la aplicación de la ley antiterrorista, una de las cuestiones claves del conflicto mapuche.
La ley 18.314 o ley antiterrorista, que fue promulgada bajo la dictadura militar en 1984, está siendo aplicada en casos de menores mapuches, algo que, según dijo Pinheiro, “espanta a la Comisión”.
González argumentó que esto es así por la lectura de la ley que hace el ministerio Público, un organismo autónomo del Ejecutivo, pero subrayó que la voluntad del Gobierno de Chile es que esta no se aplique en el futuro en los conflictos con los pueblos indígenas, para lo que será necesario elaborar un nuevo proyecto de ley.
Las entidades en defensa de la niñez pidieron a la CIDH que inste a Chile a crear una ley de protección integral de la infancia, y a aplicar protocolos que regulen el uso de la fuerza policial cuando haya niños involucrados en el conflicto.
González remarcó que el Gobierno de Chile se “ha adelantado” a las ONGs, y ha pedido también una visita de la Comisión para que compruebe que la situación de los niños mapuches en el país “dista mucho de ser como se ha relatado en esta audiencia”.
La CIDH efectuará esta visita en los próximos meses y espera recibir del Gobierno de Chile datos sobre cuántos menores mapuches han sido detenidos y procesados y por qué motivos.
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