Lunes 15 de Agosto 2011
Diana Porras
Por primera vez en la historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enjuiciará a Chile por violar las garantías fundamentales del pueblo mapuche a través de la aplicación de la Ley Antiterrorista en los procesos judiciales relacionados con sus reivindicaciones históricas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que enjuiciará al Estado chileno por aplicar la Ley Antiterrorista a Ancieto Norin y Pascual Pichún, dos autoridades tradicionales del pueblo mapuche.
La decisión se da luego que la Comisión Interamericana en esta materia enviara los casos de los lonkos a la Corte.
En esa línea, el abogado que representanta a los comuneros en el tribunal internacional, Jaime Madariaga, dijo a Radio Universidad de Chile que la comisión conoció los antecedentes del caso y consideró que hay violación a las garantías fundamentales.
“Ha habido condenas de parte de los tribunales chilenos en que se ha presentado una discriminación racial en contra de los líderes mapuche. Con la aplicación de los testigos sin rostro efectivamente se viola el debido proceso y además la Ley Antiterrorista no cumple con los estándares internacionales. Por eso cuando la CIDH estima que esto ha ocurrido y decide llevarlo a la Corte es importante no sólo para reparar a las víctimas, sino que para garantizar a otras personas que esto no vuelva a ocurrir”, precisó el jurista.
A nivel internacional, varios informes, observadores y representantes de la comunidad indígena han cuestionado la aplicación de esta legislación en casos relacionados con la reivindicación de los mapuche.
Por lo mismo, Madariaga calificó esta medida como un “paso histórico” y afirmó que “lo importante es que esta es la primera vez que una organización internacional como esta comisión y eventualmente un tribunal de justicia internacional pueden condenar al Estado de Chile. Efectivamente ha habido informes y muchas denuncias en contra del Estado, pero sería inédito que se condene al Estado de Chile por violar la institucionalidad internacional”
Este lunes fue convocada una manifestación en el sector de Alameda con Exposición con el mensaje: “La recuperación territorial, la protección de nuestros espacios sagrados y la autodefensa no son terrorismo”.
En la convocatoria realizada por grupos de comunidades del sur del país, expresó que “parece impresentable que no se tome con seriedad nuestras demandas, que el actual escenario político económico pretende desvirtuar y disimular”, dijeron.
La decisión se da luego que la Comisión Interamericana en esta materia enviara los casos de los lonkos a la Corte.
En esa línea, el abogado que representanta a los comuneros en el tribunal internacional, Jaime Madariaga, dijo a Radio Universidad de Chile que la comisión conoció los antecedentes del caso y consideró que hay violación a las garantías fundamentales.
“Ha habido condenas de parte de los tribunales chilenos en que se ha presentado una discriminación racial en contra de los líderes mapuche. Con la aplicación de los testigos sin rostro efectivamente se viola el debido proceso y además la Ley Antiterrorista no cumple con los estándares internacionales. Por eso cuando la CIDH estima que esto ha ocurrido y decide llevarlo a la Corte es importante no sólo para reparar a las víctimas, sino que para garantizar a otras personas que esto no vuelva a ocurrir”, precisó el jurista.
A nivel internacional, varios informes, observadores y representantes de la comunidad indígena han cuestionado la aplicación de esta legislación en casos relacionados con la reivindicación de los mapuche.
Por lo mismo, Madariaga calificó esta medida como un “paso histórico” y afirmó que “lo importante es que esta es la primera vez que una organización internacional como esta comisión y eventualmente un tribunal de justicia internacional pueden condenar al Estado de Chile. Efectivamente ha habido informes y muchas denuncias en contra del Estado, pero sería inédito que se condene al Estado de Chile por violar la institucionalidad internacional”
Este lunes fue convocada una manifestación en el sector de Alameda con Exposición con el mensaje: “La recuperación territorial, la protección de nuestros espacios sagrados y la autodefensa no son terrorismo”.
En la convocatoria realizada por grupos de comunidades del sur del país, expresó que “parece impresentable que no se tome con seriedad nuestras demandas, que el actual escenario político económico pretende desvirtuar y disimular”, dijeron.
La irregular ‘consulta indígena’ de Mideplan y los acuerdos del Senado
El Senado aprobó recientemente un correcto Acuerdo en que solicita al Ejecutivo se cumplan las normas internacionales sobre consulta previa y, por tanto, pide suspender la irregular “consulta indigena” y la derogación inmediata del arbitrario Decreto 124 -2009 que reglamenta las Consultas. El documento apunta a contribuir a corregir un proceso anómalo que de proseguir como está, puede derivar en mayores conflictos.
Sin embargo, un grupo de senadores de derecha exigió la anulación de aquel Acuerdo y propone un nuevo texto para que el Senado otorgue un cerrado respaldo a la cuestionada “consulta indígena” gubernamental.
El proyecto de acuerdo original fue propuesto por senadores de oposición, acogiendo el llamado de decenas de organizaciones de pueblos indígenas y las recomendaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto al imperativo de que el Estado de Chile cumpla con las normas internacionales sobre consulta previa a los pueblos indígenas, y la constatación empírica de que tales normas no se respetan en la denominada “gran consulta indígena” que impulsa el Ministerio de Planificación, Mideplan, ni en ningún otro caso. (Ver Declaración Encuentro de Autoridades Indigenas)
Los cuestionamientos no son nuevos. Diversas organizaciones indígenas han emitido fundadas declaraciones al respecto y la propia Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT publicó en febrero de 2011 un extenso cuestionario a Chile con observaciones críticas respecto al Decreto 124 de Mideplan, y el cumplimiento de estándares de consulta.
El proyecto de Acuerdo del Senado fue aprobado el dia 3 de agosto. El documento fue remitido al Presidente de la República, y ya fue enviado a la OIT y al Relator Especial de Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y distribuido ampliamente en el país e internacionalmente.
EL ARDID PARA ANULAR LA VOTACION
La votación oficial fue 12 votos a favor y 6 en contra. Sin embargo, en el recuento oficial figura un voto en contra del Acuerdo, correspondiente a un Senador que no se encontraba presente en la Sala. En otras palabras, sólo hubo 5 votos en contra y no 6. ¡Alguien apretó el botón de votaciones de un senador ausente!
El voto cuestionado no altera el resultado, más bien lo reafirma, sin embargo, basándose en aquel incidente, y a exigencia de senadores de derecha, los comités parlamentarios han acordado anular la votación del dia 3 de agosto. La votación del Proyecto de Acuerdo que cuestiona la “consulta” se repetirá el día martes 16 de agosto. Además, se votará un segundo proyecto que apoya la “consulta”. Será un “super martes”, de cara y sello.
EL NUEVO PROYECTO DE ACUERDO DE LA DERECHA
Un grupo de senadores de derecha ha presentado un nuevo Proyecto de Acuerdo sobre la “consulta indígena”, de contenido sustantivamente distinto al anterior, en que proponen al Senado entregar un cerrado respaldo a la irregular “consulta” de Mideplan.
A diferencia del primer proyecto de acuerdo, la propuesta de los senadores de derecha no se basa en ningún planteamiento de organizaciones indígenas ni busca mejorar un proceso. Por si y ante si, los honorables senadores hacen una apologia de una política de Gobierno, y plantean convertir al Senado en un publicista de la “gran consulta”.
El texto del proyecto de Acuerdo contiene párrafos sorprendentes. Por ejemplo, la falaz alteración del orden de la agenda de la “gran consulta” (ver punto 4 del proyecto) pretendiendo encubrir una de las falencias – o trampas- de Mideplan: que ha dejado para el final de la “gran consulta”, nada menos que la definición de los procedimientos de consulta… O la incongruencia de decir que el Decreto 124 no se aplica (punto 5), y sostener, en el siguiente punto, que no se puede derogar de inmediato porque…se aplica.
Por otro lado, el proyecto de acuerdo concibe a las consultas como meros actos de recabar opinión de los indígenas, concepción que ha sido objetada reiteradas veces por la Comisión de Expertos de la OIT. Sin embargo, los senadores dictaminan que la “consulta indigena” de Mideplan se ajusta a las normas del Convenio 169 de la OIT . Más aun, se afirma que la “consulta” de Mideplan se basa en “los más altos estándares internacionales” (sic).
El texto de los senadores de derecha plantea, de paso y como letra chica, una radical reinterpretación del Convenio 169, entendiéndolo como un estatuto colonial que regula relaciones jerárquicas entre los Estados y “sus” pueblos indígenas, realizando un uso impropio e impertinente del posesivo “sus” para referirse a pueblos sujetos de derecho. Acota el marco normativo de las consultas al Convenio asi entendido, y omite todas las otras fuentes de obligaciones estatales y derechos humanos de los pueblos indigenas. Un documento que trata de consulta previa y evita hablar de derechos de pueblos y obligaciones estatales correlativas. Un texto de antologia.
Cabe aclarar que un “Acuerdo” del Senado no tiene efectos vinculantes y su valor es ser una opinión corporativa, pero no seria extraño, considerando las prácticas jurídicas chilenas, que un algún dia algún juez constitucional lo considere “fuente del derecho” que “ilumina” la interpretación de jurisconsultos criollos. Tal vez por eso el esmero en la “letra chica” y los implícitos del nuevo proyecto de Acuerdo.
CHILE ¿ES UN PAIS SERIO?
El texto del nuevo proyecto de Acuerdo es insólito. Y aun asi, proponen enviar el documento a la OIT y al Relator, James Anaya, del Consejo de Derechos Humanos, “para dejar constancia”.
Más allá de la falta de fundamentos e inconsistencias de sus contenidos, al parecer sus autores no han reparado en que exponen al Senado y al Estado de Chile a ser el hazmerreír internacional con dos documentos radicalmente opuestos. Más aun, cuando en el segundo texto el Senado de Chile se autoerige en instancia autorizada para certificar, sin más prueba que sus votos, el cumplimiento y alcance de normas de derechos humanos.
Los hechos en torno al Acuerdo del Senado y la “consulta indígena” recuerdan una anécdota que contaba un antiguo miembro chileno del Consejo de Administración de la OIT, el ex-rector de la UDP, Manuel Montt. Durante una Conferencia de la OIT en Ginebra, 1978 -tiempos de dictadura en Chile- otro miembro del Consejo, espantado ante las declaraciones de la delegación chilena que intentaba justificar lo injustificable, le pasó un papel por debajo de la mesa: “Ton pays n’est pas sérieux, Manuel”.
En 2011 al leer el proyecto de Acuerdo presentado por el oficialismo, en Ginebra, tanto en la OIT como en el Consejo de derechos Humanos de Naciones Unidas, podrán decir algo incómodos “Ton pays n’est pas sérieux”.
LA CONSULTA Y “LOS MAS ALTOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES”
Organizaciones de los pueblos indígenas han llamado a escribir a los honorables Senadores para que mantengan el Acuerdo original y que se cumplan las normas internacionales. Y concurrir al Senado para la sesión del Martes 16 de agosto.
Con todo, hay un punto a rescatar. Existe coincidencia entre los planteamientos del senado, el gobierno y la dirigencia indigena: que la legitimidad y validez de las consultas se mide de acuerdo al cumplimiento de los estándares internacionales. El asunto es serio. ¿Se cumplen los estándares? No, no se cumplen. Son un desafío pendiente.
Por Victor Toledo LlancaqueoTomado de Políticas Públicas
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